El gobernador Jorge Capitanich se reunió este martes con las autoridades del comité para la Prevención de la Tortura con el fin de avanzar en la implementación de la Emergencia Carcelaria declarada por el Ejecutivo provincial y así, garantizar la asignación de recursos para los diversos objetivos del organismo este año.

“La mayor presencia territorial, el diálogo cooperativo y la ejecución de acciones programadas en base a la transparencia de registros y sistematización de la información permitirá cumplir los desafíos del año 2022”, aseguró el gobernador.

El decreto firmado en enero pasado fue emitido como parte de lo acordado en la mesa de diálogo inter poderes tras haberse alcanzado un récord histórico de personas detenidas en comisarías, llevando los niveles de hacinamiento del 100% al 1.000% en la zona metropolitana.

“Actualmente hay una situación de abuso de medidas cautelares de prisión preventiva que genera sobrepoblación de detenidos en comisarías”, explicó la ministra Gloria Zalazar, considerando que existen “otras medidas procesales que se pueden aplicar al respecto para evitarla”, y que son precisamente las que charlaron con el comité.

“Estamos planificando un trabajo conjunto, con reuniones mensuales e intercambio de información que nos permita diagnosticar y luego llevar adelante un plan de contingencia que descomprima las comisarías y mejore las condiciones de los detenidos en ese contexto”, agregó la titular de la cartera de seguridad provincial.

El comité es un organismo autónomo y autárquico que no cuenta con presupuesto propio, por lo que sus autoridades destacaron la importancia de contar con los recursos necesarios para poder llevar adelante el mandato y en lo inmediato para abordar esta problemática. “Es una situación preocupante y esta es una buena forma de ocuparse del tema”, dijo la presidenta Ariela Álvarez.

En ese sentido, la ministra de Seguridad puso en valor las inversiones que está realizando el Gobierno provincial, junto con organismos internacionales, para mejorar la infraestructura de 35 comisarías de la provincia y crear 980 nuevas plazas para el servicio penitenciario. “Esto implicará un mejoramiento en la calidad de detención”, aseguró.

Fuente: Data Chaco