La medida de la cartera que conduce Claudio Moroni buscan acercar las partes y evitar la medida de fuerza anunciada para clínicas y sanatorios privados de todo el país por su reclamo salarial del 45% de aumento, en medio de un conflicto que se sigue extendiendo en medio de la pandemia.

“Las escalas salariales se encuentran vencidas y luego de largas negociaciones no se ha podido acordar una nueva escala en cada convenio colectivo”, había advertido el Sindicato previamente. Denunció que “los representantes patronales se han negado sistemáticamente a concretar los justos aumentos salariales que reclamamos”.

Durante dos semanas rigió una conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo pero durante todo ese plazo y habiendo transcurrido ya cinco días de su vencimiento, el Gobierno no logró cerrar con las compañías privadas del sector una solución a su financiamiento para así destrabar el conflicto salarial.

“Nos asiste la legitimidad de nuestro reclamo que es inclaudicable. No queremos promesas ni deseos, queremos la recomposición salarial urgente del sector asistencial”, señaló en Twitter la seccional bonaerense del sindicato de enfermeras y camilleros.

El viernes último, al día siguiente del vencimiento de la conciliación, Sanidad realizó paros de cuatro horas por turnos y ahora decidió endurecer su postura ante la falta de avances y llamó a una medida de fuerza para el jueves.

La posición

Por su parte, los empresarios insisten en que no están en condiciones de dar un aumento salarial si antes no se actualizan los aranceles que definen los financiadores (obras sociales, prepagas y el PAMI).

Esa decisión está subordinada al incremento en las cuotas de la medicina privada y el Gobierno nacional aún no resuelve ese punto.

“Como empleadores de más de 320 mil personas en todo el país, asumimos nuestra responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y poder prestar servicio normalmente, pero esos recursos no los generamos libremente en el sistema de salud en el que interactuamos ya que no somos formadores de precios”, recalcó la Federación de Prestadores de Salud (FAPS) respecto del conflicto.

Los empresarios pretenden que el Gobierno autorice el alza en las cuotas de las prepagas, para llegar a una solución y, en ese marco, un grupo de firmas logró un fallo judicial favorable hace unos días y lanzaron la versión de una inminente suba del 26 por ciento en las cuotas, pero hasta ahora se sigue negociando.

Fuente: Chacodiapordia.