La Municipalidad de Campo Largo formalizó una presentación, haciendo uso del instituto procesal de amicus curiae (traducida literalmente como “amigo del tribunal”), que admite a terceros ajenos a una disputa, a ofrecer opiniones para la resolución del proceso.

El intendente de la localidad, Manuel Suárez, requirió la intervención en una causa en la que se estaba por llevar adelante un desalojo de 80 familias de un predio, que las mismas ocupan desde mediados del año 2019 y donde residen una gran cantidad de niños y personas con discapacidades.

El municipio fue patrocinado por el reconocido municipalita Aldo Javier Cabaña, quien sostuvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), por medio de la Acordada 28/2004, modificada por Acordada 7/2013, admitió la presentación de terceros que aporten argumentos de interés público en temas de trascendencia; y que, aunque carezca de regulación en muchas jurisdicciones provinciales, es admitido por la mayoría de los tribunales locales que identifican las ventajas de contar con argumentos sólidos que les permitan justificar más consistentemente sus decisiones. 

La Municipalidad solicitó la suspensión del desalojo y adujo que traería la solución al problema en cuestión, dando respuesta los vecinos mediante la expropiación o compra del terreno. Lo curioso es que el inmueble usurpado a mediados de 2019 fue adjudicado en venta a la propietaria por el anterior Concejo municipal, el 30 de abril de 2019, mediante ordenanza municipal 1784 y autorizado la entrega de título, una vez cumplida las obligaciones; el mismo 30 de abril de 2019 mediante ordenanza  1790.

El inmueble tampoco registra pago de la tierra ni de tributos. Pero más allá de todas estas pretensas irregularidades, el intendente estimó que debe primar el interés de los niños que allí residen,  además del interés social y colectivo. De allí la intervención del municipio.

El doctor Aldo Cabaña formalizó la presentación del municipio bajo la figura “amicus curiae”, ante la Fiscalía de Investigaciones N° 3 de Sáenz Peña,  como un instrumento útil para abrir canales de participación y fortalecer la representación de grupos, motivados por un interés público en la toma de decisiones judiciales.

La presentación fue admitida y el municipio ya está en camino de brindar una solución a las familias que allí residen, adquiriendo el inmueble con fondos genuinos. Debe destacarse, entonces, la actuación del municipio haciendo uso de esta figura procesal pretoriana.

Cabaña sostuvo que esta figura “es un mandato de democratización, que proviene de la esfera privada hacia el espacio de lo público, que encuentra apoyatura en el derecho constitucional de peticionar a las autoridades (art. 14), en la garantía del debido proceso legal (art. 18), en los derechos y garantías implícitos (art. 33), en la prohibición de toda limitación irrazonable al ejercicio de los derechos (art. 28) y, en la jerarquía Constitucional de Tratados Internacionales, vinculados con los Derechos Humanos (art. 44 y 48 Convención Americana de Derechos Humanos)”.

Fuente: Data Chaco