En una decisión que promete causar cruces con la oposición, el Gobierno derogará los tres decretos electorales impulsados por el presidente Mauricio Macri que permiten el voto por correo postal de los argentinos residentes en el exterior, así como el sufragio anticipado de los presos con prisión preventiva y del Comando Nacional Electoral, es decir, el personal de seguridad avocado a la elección. Desde el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro, esgrimen que esas normas, creadas meses antes de las últimas elecciones presidenciales y envueltas entre cruces políticos y un largo devenir judicial desde entonces, son inconstitucionales.

Los decretos reglamentarios 45, 54 y 55, impulsados a comienzos de 2019 por la anterior administración nacional, causaron fuerte resistencia de parte del peronismo cuando aún era oposición -hubo reclamos y presentaciones del kirchnerismo, el PJ y el Frente Renovador- y desde hace dos años son el eje de un proceso legal que llegó a la Corte Suprema. Los opositores reclamaban que las modificaciones debían realizarse a través del Congreso Nacional, y no con una herramienta del Ejecutivo. Además, cuestionaban que se impulsaran el mismo año de las elecciones presidenciales.

La derogación se produce de manera independiente a la decisión de la Justicia, aclararon en Gobierno. Las normas dejarán de tener efecto luego de que se publiquen dos decretos simples, por separado, en los próximos días. Fuentes gubernamentales dijeron que es “inminente” su publicación en el Boletín Oficial, aunque no especificaron la fecha exacta. “Cualquier modificación en el modo de votar tiene que pasar por el Congreso”, dijo en diálogo con periodistas, en Casa Rosada, la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, a cargo del desarrollo legal de la derogación. Desde Gobierno aseguran que las normas electorales impulsadas por Macri en 2019 “no se ajustan a derecho”.

Rogelio Frigerio junto a Adrián Pérez, ex Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior

El antecesor de García Blanco, Adrián Pérez, quien estuvo a cargo del impulso de las modificaciones electorales, argumentaba en 2019 que las normas garantizaban que pudieran ejercer su derecho al voto grupos de personas que experimentaban dificultades para hacerlo, ya fuera porque se encontraban en el exterior, privadas de su libertad, u ocupadas en la tarea de custodiar las elecciones. Señalaba entonces que el voto de esos sectores apenas superaba el 10 o el 15 por ciento. El padrón de argentinos residentes en el exterior es de 360.00 ciudadanos, pero el sufragio no es obligatorio. En las últimas elecciones, según informaron fuentes de Interior, votaron 20.000 personas. En su mayor parte, se inclinaron por Juntos por el Cambio.

Antes de que estuvieran vigentes las normas impulsadas por Mauricio Macri, los procesados con prisión preventiva podían votar con boleta única el día de las elecciones, mientras que los agentes de seguridad estaban habilitados para emitir su voto en el centro que les tocara custodiar. El decreto de 2019 los habilitó para sufragar entre 7 y 12 días antes de la fecha de las elecciones. Ahora, el Gobierno buscará que esta norma deje de estar vigente. Desde Balcarce 50 argumentan que el régimen de votación anticipado no está contemplado en ningún caso en las leyes electorales argentinas.

Con respecto a los argentinos residentes en el exterior, la reglamentación que se derogará permite que puedan votar en la sede diplomática argentina más cercana, o inscribirse en un registro online que habilite a votar por correo. Cuando estén publicados los decretos de derogación, aquellas personas habilitadas para votar que viven en otros países deberán sufragar exclusivamente de manera presencial. En Gobierno señalaron que el voto por correo impide constatar irregularidades y recordaron que las normas exigen la presencialidad como requisito para emitir el voto.