Jorge Diaz, secretario adjunto de La Bancaria - Resistencia, explicó en diálogo con Radio Provincia los motivos que llevaron a la toma de medidas de fuerza en las sedes de los bancos BBVA y Santander en la capital provincial.

Al respecto, sostuvo que se están manifestando "en contra de las políticas que se están analizando en las altas esferas de estos bancos a nivel nacional, que pretenden a través del cierre de algunas sucursales ejercer presión sobre compañeros empleados para lograr su desvinculación, por lo cual estamos ante un ataque directo a la asociación bancaria en su conjunto".

De esta manera, "desde el sindicato a nivel nacional se determinó -con adhesión de la delegación de Resistencia- medidas dispuestas para los días 7 y 8 de enero en las últimas dos horas de atención al público". Es así que en la mañana de este jueves hubo una manifestación frente a las sucursales de estos bancos en el microcentro de Resistencia. Mañana viernes por la mañana se espera una nueva manifestación similar.

"Entendemos que están en juego no menos de 20 sucursales. Hay sucursales que tienen 15 puestos de trabajo, por lo que si cierra se pierden esos empleos. Eventualmente se podría conseguir una reubicación, pero no es lo que nosotros esperamos", sostuvo Díaz.

"La convocatoria se hace a nivel nacional porque todos los puestos de trabajo están involucrados. Esperamos poder hacer entrar en razón a las autoridades de los bancos a que cesen con este tipo de atropellos porque sino se profundizarán las medidas. A ellos cuando no les cierran los números, empiezan el ajuste por el hilo más delgado que es la reducción de personal", agregó el gremialista.

La manifestación en el frente del banco Santander de Resistencia. Crédito de foto: Daniel Robledo.

La conciliación dictada por Trabajo de la Nación

El Ministerio de Trabajo dictó desde las 14 de hoy la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días en el conflicto que, por varios reclamos, mantienen la Asociación Bancaria (AB) y las entidades financieras Santander y BBVA, informó la cartera laboral.

La ley 14.786 de conciliación obligatoria fue impuesta por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de esa cartera de Estado, Gabriela Marcelló.

Según informa la agencia Télam, la funcionaria laboral intimó a la organización sindical a no realizar las protestas nacionales previstas para hoy y mañana en las dos últimas horas de atención al público y, a las empresas, a abstenerse de adoptar represalias contra los trabajadores.

Además, sostuvo que ante la pandemia de coronavirus y la emergencia sanitaria las empresas deben extremar todas las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud psicofísica de los trabajadores y garantizar su actividad en condiciones adecuadas de salubridad, y cumplir las normativas, protocolos y cualquier otro instrumento.

Marcelló convocó a sindicalistas y empresarios a una audiencia virtual para las 12 del jueves 14 próximo y los exhortó a mantener "la mejor predisposición para negociar".

El gremio había ratificado ayer las dos jornadas de protesta de hoy y mañana en las sucursales de todo el país del Santander Río y el Bilbao Vizcaya (BBVA) en las dos últimas horas de atención al público en rechazo de "un pretendido ajuste, el cierre de locales, la reducción de personal y el intento de extender la jornada laboral".

El titular del sindicato, Sergio Palazzo, había también denunciado que los empresarios procuran exigir "una mayor productividad", en un documento difundido la víspera.

"No les importa que el país atraviese la tragedia de la pandemia de coronavirus y un rebrote; la mala distribución de las sucursales, que produjo una crítica situación en abril último; la limitación de los servicios, y que la actividad sea un servicio público esencial para la economía y la vida familiar, no obstante la retrógrada reglamentación", remarcó.

También se preguntó "¿qué responsabilidad asumen esos bancos ante la declamada necesidad de inclusión financiera, corroborada con los datos comparativos en relación con otros países?", y dijo que "no hay peor sordera que la de quienes no quieren oír".

"Esos bancos militaron de forma desembozada e, incluso, se constituyeron en comité electoral de las políticas del Gobierno de Mauricio Macri, que provocaron un desastre económico-social, luego acrecentado por el impacto de la Covid-19", puntualizó.

La Bancaria concluyó que "la evidente ausencia de responsabilidad social es uno de los motivos por los que desde siempre se exige una reforma de las regulaciones", y explicó que millones de argentinos requieren asistencia personal para acceder a los servicios.