La Justicia de Tucumán condenó a tres años y un mes de prisión efectiva al expolicía Gustavo Javier Beltrán, acusado de trasladar detenidos sin autorización judicial y obligarlos a realizar trabajos de albañilería en su domicilio particular .

Beltrán, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional Norte (URN), fue hallado culpable en un juicio abreviado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado de uso y servicio, y falsificación de instrumento público. Además, fue inhabilitado de manera absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo con la investigación, el exjefe policial dispuso el traslado irregular de al menos cuatro detenidos desde comisarías de Chuscha y Choromoro hacia dependencias de Tafí Viejo, sin conocimiento ni autorización de la Justicia. Una vez allí, los utilizó para realizar tareas de construcción tanto en instalaciones oficiales como en su vivienda en El Cadillal .

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, para concretar estas maniobras utilizó recursos del Estado, como móviles policiales, combustible y personal, desviándolos de su función pública para fines particulares. También ordenó la incorporación de información falsa en los registros oficiales para encubrir los traslados.

El auxiliar fiscal Federico Lizárraga sostuvo que el acusado "se valió de su posición jerárquica para desplegar un esquema de actuación" que incluía traslados irregulares y el uso de detenidos en su beneficio personal.

Antes de conocerse la sentencia, Beltrán reconoció su responsabilidad: "Me hago cargo de mi responsabilidad y pido perdón a mi familia y a la sociedad" , expresó.

La condena incluye además una reparación económica y el decomiso de un cuatriciclo. En el caso también estuvieron involucrados otros efectivos policiales, acusados de colaborar en la maniobra.