La empresa de seguridad privada Securitas admitió en la Justicia haber pagado coimas millonarias a funcionarios entre 2014 y 2018 para hacerse con contratos de servicios de vigilancia en distintos organismos públicos nacionales, empresas estatales y en áreas de los gobiernos de Buenos Aires, de Entre Ríos, Tucumán y CABA.

La confesión quedó detallada en un expediente que está a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Por el tenor de lo explicitado, hay nueve detenidos y se hicieron más de 50 allanamientos en todo el país.

Este escándalo se hizo público ahora, pero la investigación comenzó en 2020 cuando la empresa decidió denunciar a sus propios exdirectivos porque "abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban", consignaron en la presentación judicial, según reveló el diario La Nación.

Según las fuentes judiciales -citadas por La Nación- los pagos indebidos que aceptó Securitas fueron desde el 2014 al 2018, es decir, durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, aunque se investigan episodios desde el 2012.

De acuerdo a lo expresado por los directivos de Securitas, los organismos donde hicieron el pago de coimas son: el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la empresa estatal de aguas AYSA, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el SENASA, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Securitas denunció que concretó pagos de coimas a la UOCRA para lograr contratos de vigilancia en obras de la petrolera estatal YPF, el Conicet y el ex Centro Cultural Kirchner (CCK).

El escándalo de probable caso de corrupción durante los gobiernos peronistas y del PRO incluye a organismos provinciales, como la empresa energía ENERSA, de Entre Ríos, la Policía de la Provincia de Tucumán, y la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada de Buenos Aires o la Policía Bonaerense, esto último en la gobernación de María Eugenia Vidal.

Los pagos detectados tienen múltiples formatos y van desde erogaciones de 20 mil pesos mensuales hasta pagos por 42 millones de pesos. La empresa de seguridad privada utilizó empresas fantasmas para disimular algunas erogaciones (como en el caso de ENERSA o el SENASA). Los sellos de goma simulaban supuestas consultorías facturadas para ocultar las coimas.

Los pagos ilegales eran para obtener dos beneficios: intentar renovar, mantener o acceder a contratos público, y agilizar trámites, como el caso de habilitaciones en el que se menciona a los "Registros de Guardias de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia", el Registro de la Propiedad Automotor de la PBA o el Provincial de Armas.

Asimismo también se habrían realizado pagos para acelerar cuestiones claves para el servicio que prestaba Securitas, como ser la obtención de certificados para que los agentes puedan portar armas o para contar con policías de respaldo en alguna ocasión.

Entre los pagos irregulares aparecen también empresas intermedias de servicios públicos como Aeropuertos Argentina 2000, la Terminal de Cargas Argentina y la petrolera venezolana PDVSA.

Los nuevos directivos de Securitas decidieron denunciar a sus antecesores y tesoreros como parte del "programa de integridad" de la compañía, cuando era filial en argentina de la firma homónima Securitas AB, una multinacional con sede en Suecia. Luego, la empresa argentina pasó a otro grupo empresario de capitales latinoamericanos.

Los detenidos por la Justicia, hasta el momento, ocuparon todos cargos gerenciales en la empresa, pero ya no están vinculados a la firma.