Los damnificados pagaron el terreno a través de un crédito bancario, pero la empresa encargada del proyecto y otros actores terminaron estafándolos. Para colmo, el responsable de la constructora elude a la justicia y pidió la prescripción de la causa.

La abogada Silvana Barbetti es la representante legal de los que adquirieron lotes en la zona norte- detrás del Hiper Libertad- y próximo de la comisaría 13º, sede policial que incluso se edificó pensado en esa urbanización que finalmente no iba a concretarse.

Riesgo de impunidad 

Por el caso, una empleada bancaria debió prestar declaración testimonial, previamente al receso judicial de invierno, ante la fiscal de Cámara Graciela Griffith Barreto quien se hizo cargo este año del expediente 27845/2021-1 en el que imputó a Fernando Barrera, titular de la constructora DITEC, y al que nunca la anterior fiscal había convocado. A haberse cumplido seis años del supuesto delito, las familias temen que se concrete el archivo por el paso del tiempo. También hay un proceso en la instancia civil, donde el trámite es mucho más lento

GrIffith Barreto fue designada por el procurador general luego de la lentitud en la causa radicada años atrás, que se tramitaba en la fiscalía de Ana González de Pacce. 

La abogada Barbetti cuestionó dos puntos centrales en la investigación: que la empleada bancaria no haya sido imputada (los damnificados sostienen que cumplió un rol importante en la trama que acabó perjudicándolos) y que la defensa pida la prescripción de la causa, un tema que tendrá que resolverse en una audiencia que conducirá el juez de Garantías Héctor Sandoval, cuando se reanuden las actuaciones en el expediente.

La mayoría de las familias recurrió a un crédito para financiar su terreno, y allí intervenía la empleada bancaria, que alentaba la operación y luego habría intentado convencer a los damnificados de que no denunciaran a la empresa encargada del emprendimiento. A valores actuales, cada grupo familiar fue perjudicado en unos 8 millones de pesos.

 "Aparte de la causa central, por cuerda separada se tramitan dos expedientes más, donde una de las estafadas es la fiscal Nelia Velázquez (del caso Cecilia)",detalló Barbetti. 

Siete años esperando 

un sueño que no llegó

Una de las estafadas, María Lineras, explicó que en el año 2016 tramitó préstamo y compró el terreno "pero con la promesa, de la construcción de la vivienda a través del Instituto Provincial de Viviendas. De hecho, eso figura en el contrato que yo tengo. La licitación estaba en ese año en curso y después cayó. Lo que nosotros reclamamos es la entrega de nuestros terrenos o la devolución del dinero a valores actualizados, porque a veces hemos tenido la oportunidad de dialogar con distintos representantes de la empresa DITEC, nos querían dar dinero totalmente irrisorio para las épocas que estábamos viviendo. La otra opción que nos dieron era entregarles más dinero para que ellos pudieran construir una vivienda. Era una locura, darles plata después de 7 u 8 años, a gente que ya nos había estafado, porque esto es una estafa, no tiene otro nombre. Lo que necesitamos es que por favor la justicia haga lo que tiene que hacer. Somos 16 familias victimas donde estuvieron involucradas diferentes entidades"

Precisó que dichos terrenos "están ubicados en Circunscripción II Sección B, Chacra 101 (próximos a la comisaría Nº13) donde hay un montón de viviendas que no fueron construidas. Ahí está todo descampado porque nunca hicieron el plano de mensura, ni nada. En definitiva, hay abuso de poder y la estafa sucedió porque no entregaron nada. Ni los terrenos ni el dinero".

 "Eran viviendas de una sola planta, las típicas del programa Techo Digno en Instituto de Vivienda. Cuando fui con la posibilidad de comprar el terreno, me mostró, la empresa de DITEC, las casas, cómo iban a hacer, el prototipo de casas con dos dormitorios, estándar de vivienda de la Techo Digno que se hacen para todos los distintos gremios que han adquirido este tipo de viviendas a través de IPDUV", detalló.