El Superior Tribunal de Justicia del Chaco hizo lugar a un habeas corpus colectivo y correctivo impulsado por los defensores oficiales de la provincia en favor de las personas condenadas que se encuentran alojados en distintas comisarías de la provincia y que deberán ser trasladados progresivamente a unidades del Servicio Penitenciario Provincial. En ese contexto, dispuso una serie de medidas dirigidas al Ministerio de Seguridad y Justicia, la Defensoría General, Juzgados de Ejecución, a la Jefatura de Policía y al Servicio Penitenciario Provincial para dar cumplimiento a la sentencia.

La sentencia nº 135/23, dictada el 5 de mayo último, lleva las firmas de los jueces Iride Grillo, Víctor Del Río, Emilia Valle y Alberto Modi. Es en el marco de la causa 8877/2023-1 caratulada “DEFENSORES OFICIALES DE LA PROVINCIA DEL CHACO S/HABEAS CORPUS”.

“Lo denunciado y admitido oficialmente genera serios peligros para la vida y la integridad física de las personas involucradas, potenciales conflictos y eventuales responsabilidades de las autoridades a cuyo cargo se encuentra el cumplimiento de las obligaciones legales, constitucionales y convencionales asumidas”, sostuvieron en sus fundamentos los jueces del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

Los magistrados del máximo tribunal provincial hicieron referencia a varias sentencias de habeas corpus dictadas con anterioridad en el mismo sentido que no habrían pasado de una mera expresión testimonial al no ejecutarse de manera efectiva.

“La reiteración de situaciones y reclamos nos impone reconocer la insuficiencia de tales medidas y nos exige la determinación de pautas y el establecimiento de estándares jurídicos concretos a partir de los cuales deberán elaborarse las políticas en cuestión, en tanto se trata en el caso no solo de la ejecución de las sentencias condenatorias recaídas en las causas que mencionamos sino también del cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, puntualizaron.

Estado de situación

De acuerdo a un informe presentado por la Jefatura de Policía del Chaco al 16 de marzo de este año se registraban 881 personas procesadas y 281 condenadas en las comisarías de la provincia del Chaco. En tanto, a la misma fecha el Servicio Penitenciario Provincial alojaba a 1196 condenados y a 59 procesados, distribuidos en las nueve alcaidías, siendo la de Resistencia y la de Sáenz Peña las que cuentan con mayor cantidad de población carcelaria. En ambos informes, los titulares de la Policía y del Servicio Penitenciario enfatizaron “la falta de previsión presupuestaria que condiciona directamente el cumplimiento de los objetivos constitucionales y convencionales de la privación de libertad”.

Un plan progresivo

En primer término, el máximo tribunal le ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia que en setenta y cinco días proponga un plan de readecuación de la política penitenciaria, conforme las necesidades y particularidades de los establecimientos, para lo que deberán especialmente adecuarse las condiciones edilicias tanto de las dependencias policiales como de las penitenciarias dirigidas especialmente al cumplimiento del marco normativo aplicable y al desarrollo de acciones orientadas a asegurar la vigencia concreta de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Por otro lado, requirió a la Procuración General, la Defensoría General, los Juzgados de Ejecución y/o cualquier otra autoridad competente, a fin de que determine la situación procesal de las personas alojadas en comisarías provinciales en miras a coordinar, en la medida de las posibilidades existentes, los traslados de las personas que se encuentren con condena firme a las dependencias correspondientes, lo que deberá realizarse con la mayor premura posible, gradual y paulatinamente, tendiendo a corregir con celeridad la situación presente hasta alcanzar los niveles de equilibrio que garanticen la adecuación a las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos.

Asimismo, se hizo saber a la Jefatura de Policía y al Servicio Penitenciario Provincial que deberán coordinar la ejecución de las medidas señaladas en relación a la cantidad de personas alojadas en las comisarías de la provincia así como los cupos alcanzados en las unidades penitenciarias a fin de procurar en tiempo razonable y a la mayor brevedad posible el traslado de los condenados a dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y la redacción paulatina del número de alojados en comisarías.

Por último, instaron a la continuidad de las mesas de trabajo intersectoriales conformadas a partir del dictado de otras cuatro sentencias de hábeas corpus de características similares y a informar al tribunal cada sesenta días.