A partir del martes 23 de mayo, la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1 de Villa Angela, Laura Buyatti, será juzgada por presunto abuso de autoridad (delito) y por supuesta conducta incompatible con la dignidad que el estado judicial impone (falta), de acuerdo a los ítems que prevé la ley 33-B, que rige al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco.

Así lo resolvió este martes el Jurado de Enjuiciamiento que preside el abogado Héctor Daniel Zalazar.

La acusación presentada el 8 de febrero pasado ante el Consejo de la Magistratura del Chaco apunta a Buyatti por la viralización de una conversación telefónica en la que profirió expresiones agraviantes, estigmatizantes y amenazó de muerte a un albañil que reclamaba el cobro de una deuda a la por entonces pareja de la magistrada.

“Negros de mierda”, “tapecitos”, “planeros” y “te voy a encajar un tiro en la frente” fueron algunas de las expresiones que se escuchan decir a la magistrada, quien está al frente de un juzgado dedicado a velar por el bienestar de menores de edad y también para impartir justicia en conflictos familiares. En ese contexto, los procuradores Jorge Canteros y Miguel Fonteina le imputaron los delitos de amenazas agravadas y abuso de autoridad.

La magistrada se encuentra suspendida desde el 7 de marzo pasado en que el Jurado de Enjuiciamiento admitió la acusación y abrió el proceso que establece la ley 33-B.

La audiencia del juicio público tendrá lugar el 23 de mayo, a partir de las 9, en la sede del Consejo de la Magistratura ubicada en calle América Nº 117 de la ciudad de Resistencia.

Los pasos del juicio

Abierto el debate, se leerá la acusación, luego se procederá a incorporar por lectura las pruebas (instrumentales e informativas) y se les tomará declaración a los testigos antes de pasar a un cuarto intermedio.

Posteriormente, en otra audiencia se escucharán los alegatos de las partes.

Finalmente, se fijará la fecha para la lectura de la sentencia que podrá ser condenatoria o absolutoria y que no podrá extenderse por más de 60 días. <><>En caso de ser considerada responsable por los cargos imputados, la acusada podrá ser sancionada con advertencia, multa, suspensión sin goce de haberes; o bien destituida e inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos

Desde el Consejo de la Magistratura, señalaron que “es importante resaltar que el propósito del juicio político no es el castigo del funcionario. Solamente se limita a destituir al juez o jueza. Se lo denomina juicio político pues no es un juicio penal. Pero igualmente las reglas del debido proceso tienen significativa relevancia”.