El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, a través del Órgano de Control Institucional (OCI), lleva adelante una investigación para esclarecer y determinar responsabilidades tras el fallecimiento de un hombre de 37 años en Charata, minutos después de haber sido detenido por personal policial.

Se instruyó la suspensión preventiva con retención de haberes a un oficial subayudante de policía, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos. Un testigo afirmó con pruebas que la actuación policial fue violenta y que el personal policial habría ejercido persecución. El Estado procura esclarecer, determinar responsabilidades y sancionar al personal policial que estaría involucrado en supuestas violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo al primer informe policial proporcionado por agentes de la Comisaría involucrada, el hecho ocurrió el sábado 26 de febrero, alrededor de las 16.30, cuando una mujer denunció ante el 911 que un hombre pretendía ingresar de forma ilegal a su vivienda. En el parte advierten que cuando llegó el móvil policial, el hombre escapó, pero fue alcanzado a unos pocos metros; además, intentó resistirse, por lo que el personal policial hizo uso de la fuerza para reducirlo.

Minutos después, el hombre fue trasladado a Medicina Legal y luego al Hospital de Charata, donde el médico de turno del hospital realizó maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) para reanimar al detenido, quien finalmente falleció. Ante el fallecimiento del hombre, la Policía dio intervención al fiscal de turno, Hugo Baigorrí quien determinó que se realice la autopsia a cargo del médico forense Hugo Rodriguez y un médico de parte. Del informe preliminar de la autopsia se desprende que los médicos no constataron lesiones recientes y encontraron como causa probable de muerte un “paro cardiorespiratorio no traumático”.

A partir de la intervención y toma de testimonios del OCI, surgieron nuevas versiones del hecho que se afirman en pruebas pertinentes, y sugieren que el personal policial habría actuado de forma violenta, vulnerando los derechos humanos del fallecido.

En principio se investiga el hecho que motivó el llamado al 911 y la posterior detención del hombre fallecido, ya que los informes policiales no coinciden con la versión presentada por la persona que habría realizado la denuncia. Esto agrava la situación de los agentes implicados en el fallecimiento del hombre y las supuestas pruebas recolectadas sobre la actuación policial.

Investigación institucional

La aparición de una testigo del momento de la detención y las versiones de familiares del fallecido que contradicen la versión policial motivaron al Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros a intervenir. Los organismos solicitaron la intervención de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Sáenz Peña y la aplicación del Protocolo de Minnesota.

Tal como indican los protocolos para estos casos, también el Ministerio de Seguridad y Justicia intervino a través del OCI, y puso a disposición todo lo necesario para avanzar en una investigación interna que esclarezca el fallecimiento en custodia policial del hombre, y apoyar a la Fiscalía en su investigación.

Con declaraciones testimoniales a empleados policiales y actores que pudieran contribuir en el esclarecimiento del procedimiento, además de las filmaciones de cámaras de seguridad de las inmediaciones del lugar de los hechos, se pudo establecer la existencia de un hecho violatorio de derechos humanos, que motiva la suspensión preventiva de funciones con retención de haberes de un oficial subayudante de policía.

Según la Dirección General del OCI conforme las pruebas recolectadas, “se está en presencia de un hecho de excepcional gravedad, violatorio de fundamentales Derechos Humanos por su naturaleza y situación especial, y por tener como involucrados a integrantes de la Institución policial que es responsable de resguardar la vida y los Derechos Humanos”.

Así, el Organismo de Control Institucional resolvió que “la gravedad de los hechos amerita disponer la instrucción de un sumario administrativo y con suspensión preventiva de funciones retención de haberes del personal policial involucrado en la detención y posterior fallecimiento del hombre”.

Políticas públicas de derechos humanos

El Ministerio de Seguridad y Justicia, en coordinación con Jefatura de Policía y la Secretaría de Derechos Humanos y Género trabajan en la capacitación de las y los agentes de las fuerzas de seguridad de la provincia para brindarles herramientas de prevención de situaciones de violencia y disminución de la conflictividad en las calles de la provincia.

El Estado busca conformar una Policía con perspectiva en derechos humanos y de género que garantice la seguridad pública y genere confianza en la ciudadanía, garantizando la aplicación y vigencia de la Ley de Seguridad Pública 2011-J, repudiando y sancionando todo hecho de violencia institucional que se compruebe.