Las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi son las responsables de la presentación de dicha iniciativa con el aval y carta de adhesión del letrado Félix Lonigro. En la misma, se especifica la prohibición del lenguaje tanto en los tres poderes del Estado como en el ámbito escolar.

El principal objetivo de este proyecto es evitar “alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje”. A su vez, se especifica que su uso implica la manifestación de “obstáculos” para la lectura: “Su mala utilización podría no solo obstaculizar la lectoescritura y su comprensión, sino también significar una barrera para aquellos que tienen más dificultades”.

Este punto también hace referencia a la mala utilización de términos bajo el marco de la inclusividad que se pueden escuchar en discursos políticos y que, en consecuencia, se vuelven virales por sus errores.

Por otra parte, en el documento también se explica la recomendación de la Real Academia Española sobre la utilización de dicho lenguaje en el marco ideológico o político. La entidad recomienda evitar su abordaje ya que esta discusión excede al ámbito académico e institucional.

“Es un hecho estrictamente lingüístico que carece de consecuencias políticas para la visibilidad de las mujeres, el respeto con que son tratadas, o su acceso a los puestos de mayor responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad”, expresa el proyecto.

Fuente: Data Chaco