El condenado exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José López, reclamó que los 9 millones de dólares que le decomisaron no sean entregados a los hospitales Garraham y Gutiérrez, tal cual dispuso la Justicia al imponerle una pena de seis años de prisión por enriquecimiento ilícito. El exfuncionario quiere que permanezcan como "prueba" para la causa de los cuadernos de las coimas, en la cual también es investigado.

El ahora "arrepentido" del caso que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio por el pago de sobornos durante el kirchnerismo se mostró disconforme con la decisión del Tribunal Oral Federal 1, que hace poco lo condenó y dispuso el decomiso del dinero que intentaba ocultar en un convento de General Rodríguez en junio de 2016.

El reclamo lo hizo a través de su defensor oficial, Gustavo Kollmann, ante Bonadio, en su calidad de "imputado colaborador", para que oficie al Tribunal 1, con el objeto de que ponga "a exclusiva disposición" de la causa de los cuadernos los 9 millones de dólares.

López fue condenado el 12 de junio pasado por enriquecimiento ilícito a raíz de la posesión de ese dinero, sumado a que la Justicia cree que él es el verdadero dueño de la casa Dique Luján, Tigre, en donde vivía pero que decía que alquilaba. Al dictar sentencia, el Tribunal también dispuso el decomiso del dinero y su entrega en parte iguales a los hospitales Garrahan y Gutiérrez.

Aún el dinero no fue entregado y permanece en la bóveda del Banco Central, ya que la decisión puede quedar sujeta a apelaciones luego de que el Tribunal brinde los fundamentos de su fallo.

En el escrito presentado ante Bonadio, la defensa de López considera "loable" la decisión de la Justicia de entregar el dinero a los hospitales, pero "probablemente errado por cuanto licuaría un determinante elemento de prueba" del caso cuadernos. Además, le advirtió a Bonadio que "no puede mantenerse esquivo" frente a la decisión del Tribunal de disponer de ese plata, ya que él "posee una investigación cuyo objeto procesal gira en torno al mecanismo de recaudación de dinero ilegal con relación a obras públicas".

Si bien aún no se conocen los fundamentos de la condena por enriquecimiento ilícito, se infiere que el Tribunal determinó que los 9 millones de dólares eran de José López, pero el exfuncionario insiste en que no, y que sólo los guardó por expreso pedidode un entonces secretario de la expresidenta Cristina Kirchner.

En el mismo escrito presentado ante Bonadio, la defensa de López insistió en que hay "muchos puntos de conexión" entre el caso cuadernos y el que lo tiene como condenado por enriquecimiento ilícito. Reiteró, en tanto, que el exfuncionario dijo que el dinero que le fue descubierto en el convento en realidad le había sido cedido por Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de los Kirchner.

Sobre los puntos en común entre ambos casos, mencionó que quienes fueron secretarios privados de Néstor y Cristina Kirchner están en su mayoría imputados en el caso cuadernos, "sospechados de ser testaferros del matrimonio presidencial". Para la defensa de López, pese a la condena, "no se demostró" que el dinero fuera de él y en la causa cuadernos es donde se debe determinar el origen que él atribuyó al entorno de la expresidenta.

Por último, se opuso a la pretensión de las querellas de acusar a López como "organizador" de la asociación ilícita que investiga Bonadio como matriz de recaudación ilegal, pues de ser así –advierte la defensa- se caería el acuerdo como "arrepentido" que el exfuncionario pactó con la Fiscalía y donde sólo es considerado miembro de aquella, una figura penal más leve.

En tanto, el abogado Kollmann, que también asiste al remisero Oscar Centeno, pidió para éste su sobreseimiento y que no sea elevado a juicio oral y público. En el planteo hecho ante Bonadio, la defensa dijo que fue un "simple chofer" que trabajó para las órdenes de Roberto Baratta, exhombre de confianza de Julio De Vido y detenido en la causa, y que no fue parte de la asociación ilícita investigada.

Tanto López como Centeno son "arrepentidos" en el caso y los dos están bajo el programa de protección de testigos e imputados colaboradores.