La norma autoriza al gobierno del Chaco, a través de las carteras de Salud Pública y/o de Planificación, Economía e Infraestructura, a iniciar negociaciones y celebrar contratos para la compra de vacunas. “Es un proceso complejo porque afecta lo presupuestario, pero también implica respetar regulaciones nacionales sobre compra de drogas y medicamentos, y sobre confidencialidad”, explicó el legislador.

En ese sentido, valoró que además de los controles administrativos y financieros del Tribunal de Cuentas y de otras áreas pertinentes, la iniciativa enviada al parlamento por el Poder Ejecutivo incluyera “controles cruzados” de la Cámara de Diputados y del Consejo Provincial de Vacunación, así como también la obligatoriedad de que el Poder Ejecutivo brinde informes bimestrales sobre la compra y distribución de las vacunas.

Si bien la Ley Nacional 24.766 establece criterios estrictos sobre la divulgación de información, se establecerán mecanismos para que tanto la Legislatura como el Consejo Provincial de Vacunación puedan estudiar las cláusulas de confidencialidad de los contratos para la adquisición de vacunas, y verificar la transparencia de las operaciones.

“En el marco de una disputa internacional para acceder a las vacunas, se ha demostrado que esta es la herramienta que garantiza el control de la pandemia y en ese contexto complejo damos a los chaqueños la seguridad  de contar con la cantidad de vacunas, para alcanzar la mayor inmunización posible, concluyó.