Un fiscal penal imputó a una concejala radical de Tartagal y a su hermana, que es defensora oficial, por el presunto desvío de donaciones de mercadería destinadas a comunidades originarias del norte salteño. El escándalo se disparó a raíz de una denuncia de la hermana mayor de ambas, Sandra Díaz, que las acusó en una denuncia periodística de vender donaciones recibidas hace un año para las familias wichí de la zona.

Según informó el Ministerio Público de Salta, el fiscal interino penal 1 de Tartagal Rafael Medina imputó a Paola Alejandra Díaz, concejala del radicalismo de 43 años, y a Rosa Fabiola Díaz, de 40, defensora oficial. Fuentes judiciales detallaron que la primera quedó detenida y optó por declarar. Mientras que la segunda se abstuvo de brindar declaraciones, y solo fue imputada y suspendida por su inmunidad a raíz de su cargo en el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal.

El fiscal Medina intervino de oficio días pasados una vez conocida la noticia de posibles irregularidades, acopio y venta con la ayuda solidaria. Ese mismo día, el funcionario dispuso las medidas, como una consigna permanente donde se encontraban las donaciones provenientes de distintas fundaciones e invitó a la denunciante a radicar una denuncia formal. Finalmente, la mujer la concretó en la Comisaría 45 de Tartagal y luego amplió en la sede fiscal.

Según la denuncia, en enero de 2020 las acusadas recibieron la donación de mercaderías perecederas, ropa, zapatillas, alcohol en gel, agua mineral y pañales, entre otras cosas, y precisó que sus hermanas habrían mantenido ocultas las donaciones todo el año y hasta ahora para venderlas a negocios de la zona.

La intención, según Sandra Díaz, era mantenerlas guardadas hasta que Paola Díaz se postulara como candidata a diputada provincial “lucrando con dichas mercaderías para un beneficio propio”.

“Le expliqué (al fiscal) el nombre de las personas que vendieron las cosas”, sostuvo la hermana denuncia. Y reveló que la metodología consistía en vender bolsones de ropa en las ferias de la zona o en Bolivia.

Desde ayer, tras la detención y los allanamientos, las comunidades del Pilcomayo se encuentran acampando en el complejo deportivo municipal, a la espera de la entrega de las donaciones que se encuentran acopiadas en las dependencias de la Policía Provincial.

Las mujeres están imputadas por la supuesta comisión del delito de “administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautoras”.

Fuente: Data Chaco