“La responsabilidad nos corresponde tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial y también al Legislativo”, afirmó.

Las propuestas presentadas son:

• Reforma del Código Procesal Penal de la Nación y de las provincias argentinas para adecuar la reglamentación vigente a las actuales necesidades operativas y funcionales del servicio de Justicia, otorgando nuevas pautas de orden, regulación de uso de tecnologías para el control de los procesos y armonización legislativa destinados a evitar la coexistencia de múltiples criterios en cuanto al uso de las prisiones preventivas.
• Unificación de los Protocolos de Bioseguridad para Contextos de Encierros Federales y Nacionales, destinados a prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia, respetando los estándares internacionales en la materia como así también asegurar que toda medida que limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas, actividades educativas, recreativas o laborales, sea adoptada con especial cuidado y luego de un estricto juicio de proporcionalidad desarrollando al mismo tiempo modelos de comunicación digital de las personas privadas de la libertad dentro de los contextos de encierro.
• Propiciar la adopción de un protocolo que unifique los criterios para el otorgamiento de los beneficios de prisión domiciliaria, prisión preventiva, libertades asistidas, condicionales y transitorias, el agotamiento de las penas, la conmutación de penas e indultos y el establecimiento de provisión de financiamiento para el uso de tecnologías de monitoreo, conteniendo en estas decisiones a los tres Poderes del Estado y el órgano de control pertinente en cada provincia.
• Promover una reforma legal del sistema de capital con el objeto de incentivar el financiamiento por parte de las personas detenidas de su propia condena, promoviendo el principio de autonomía y capacitación para la inserción social y laboral posterior al cumplimiento de la pena.
• Desarrollo de un plan de inversión con financiamiento compartido para el mejoramiento de la infraestructura y condiciones materiales de las instituciones de encierro, mejoramiento de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad respecto a salud, alimentación, saneamiento y medidas adoptadas para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y con las garantías de higiene necesarias.
• Desarrollo de un programa de educación, cultura y deporte para cada persona privada de libertad con diferentes modalidades de formación, destinados a mejorar su condición de vida.

Actualmente, la provincia posee 2.300 personas detenidas, y la mitad de ellas se encuentran en establecimientos del sistema penitenciario provincial con comisarías, que no están en condiciones de albergar detenidos. “De manera que debemos buscar un propuesta conjunta, con financiamiento internacional, para garantizar el fortalecimiento de las capacidades institucionales”, consideró el mandatario.

OPERACIONES MEDIÁTICAS

“Esto genera un enorme estrépito de carácter social, cuando se dice que se liberan gran cantidad de detenidos. La verdad que se distorsiona la información, ya que tenemos una multiplicidad de problemas dentro y fuera de los sistemas”, planteó.

“Nosotros creemos que no se puede generalizar con operaciones mediáticas que dicen que ‘se van a liberar todos los presos’”, manifestó.

Fuente: Data Chaco