ras el contagio de dos presos de Villa Devoto con coronavirus y un motín carcelario que continuó con huelga de hambre, el presidente Alberto Fernández se mostró comprensivo del reclamo de los reclusos para obtener excarcelaciones o arrestos domiciliarios en medio de la epidemia.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reaccionó en forma diferente y dijo que hay magistrados que otorgan esos beneficios de manera irresponsable y que por ello les cabe el juicio político.

Las dos posturas se conocieron ayer, cuando ya suman mas de 750 los presos que recuperaron la libertad en la provincia de Buenos Aires y son más de 250 los liberados en las cárceles federales, según lo que estiman las autoridades. Pero los detenidos están negociando para lograr mas libertades.

"La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación pueden darse con mucha facilidad, hay también gente que tiene factores de riesgo", explicó Fernández, y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia. "Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control", dijo Fernández en declaraciones a Radio Con Vos.

Fernández pidió a la oposición discutir del tema con "seriedad". "Cada dos por tres leo un tuit de Patricia Bullrich que dice que queremos indultar", apuntó el mandatario. "Acá en la Argentina algunos no hacen un análisis y dicen 'quieren liberar para buscar la impunidad'. No es eso", dijo.

"Hace diez días, Piñera [Sebastián, presidente de Chile] indultó y liberó a 1300 presos. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí hay un problema", afirmó.

Massa, menos contemplativo, dijo que instruyó a la Oficina de la Víctima que depende del Congreso a que inicie juicios políticos a los jueces que otorguen esos beneficios sin consultar con las víctimas.

"Algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable" al liberar presos y que podrían ser sometidos a juicio político si no cumplieron con la obligación de informar previamente a la víctima. "Las penas son para ser cumplidas", afirmó.

Con respecto al pedido de excarcelación de Ricardo Jaime que hizo la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, Alberto Fernández sostuvo que no le llamó la atención a su funcionario y dijo que la libertad no es un pedido del Gobierno, sino que "hay una posibilidad procesal". E indicó que fue la defensa de Jaime la que pidió la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos.

Massa se diferenció con una posición más dura que Fernández; "Me parece que las penas son para ser cumplidas porque es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error", dijo.

El presidente de la Cámara baja agregó que de lo contrario "se rompe el principio de acuerdo de convivencia social del acuerdo".

Massa detalló que instruyó a la Oficina de la Víctima, que depende del Congreso, para iniciarles juicio político a los jueces que no den vista a la parte víctima del delitos y procedan a la liberación de los detenidos.

El presidente de la Cámara explicó que la obligación de notificar a la víctima está prevista en la ley. Dijo que había jueces que lo estaban haciendo, pero que otros, de manera "absolutamente irresponsable", incumplen esta obligación.

La polémica se acrecentó en las últimos días porque trascendió un audio de Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, en el que ratifica la intención de lograr la mayor cantidad de liberaciones posibles y explicó que todos los días se presentaban entre 100 y 150 pedidos en favor de detenidos.