Es que un par de semanas atrás se registraron serios incidentes al ingreso de un detenido que solo por designio divino, la oportuna intervención del personal policial y de Bomberos no terminó en tragedia.

Durante la audiencia que estuvo presidida por el juez Rodolfo Lineras, representantes de Derechos Humanos, Comité Contra la Tortura, Servicio Penitenciario Provincial, Fiscales de Investigación y de Cámara, Fiscalía de Estado y Defensor Oficial expusieron e intercambiaron ideas sobre posibles soluciones para descomprimir una situación que aparece como cada vez más compleja y exige soluciones urgentes, antes que haya situaciones mucho más gravosas que la suscitada en la mencionada comisaría.

En la presentación efectuada se señala que “existiría un agravamiento  ilegitimo de las condiciones  de detención de las personas  alojadas en dicha  dependencia” señala que al constituirse en el lugar “se advierte un estado total de hacinamiento, deterioro y suciedad” y advirtió “un cúmulo de quejas respecto de las condiciones en que viven, trato policial y el temor a ser trasladados lo que dificultaría .el acceso a visitas”.

Durante la audiencia los distintos actores presentes coincidieron en que “las condiciones y problemas se dan en mayor o menor medida en todas las unidades”

En resumen se pidió en el caso en cuestión “solicitó que cese el agravamiento y se dispongan medidas”.

Las posibles medidas

Pero más allá de esta situación en particular, sea abordó la problemática general que se torna cada vez más compleja en las distintas unidades de detención. Pero yendo al caso puntual, el juez Lineras explicó que ante esta situación se constituyó en el lugar, concluyendo que “se necesita una urgente solución ya que allí los detenidos se encuentran en condiciones infrahumanas”.

En esa dependencia conviven actualmente 22 personas, condenados con procesados en condición “infrahumana” detalló el juez, quien expuso sobre la necesidad quien consultó al jefe del Servicio Penitenciario Provincial Juan José Pedroza sobre la posibilidad de alojar a los condenados  en el Complejo Penitenciario II, recibiendo como respuesta “la inmediata revisión de los cupos entregados a la policía a principios de la semana” para dar respuesta a la demanda.

La solución inmediata pasa por disminuir de “22 a 12 el número de detenidos, siendo esta cantidad la razonablemente controlable hasta que llegue la solución de fondo”, apuntó Lineras.

Prohibir el ingreso de más detenidos

Como medida preventiva hasta que se defina la cuestión de fondo, el juez Rodolfo Lineras resolvió poner en práctica una medida cautelar que dispone la “prohibición de nuevos ingresos a las celdas de la mencionada comisaría”.

Además, se planteó la puesta en funcionamiento el Régimen de la Progresividad de la Pena y de Conmutación y la Mediación aparecieron como algunas alternativas que deberían aplicarse.

Por último, el Juez Rodolfo  Lineras recordó que los mecanismos legales están y nadie va pedir  un jury por  hacer lo que me manda la Constitución.

“Tenemos que perder los temores que tenemos a las formas porque lo que se trata es de garantizar el fondo de la cuestión”, dijo.

En el caso de los condenados es necesario que “los detenidos que estén condenados pasen a cumplir su pena en una unidad penitenciaria, ya que si no se cumple esto, los detenidos pierden derechos incluidos en el régimen penitenciario y esto puede generar algunos contratiempos legales para el estado en el futuro”.

Prisiones domiciliarias

En el contexto general del cuadro de situación generado por la superpoblación en las distintas unidades, aparece una medida que puede aparecer como quizás polémica pero “conviene analizar como el otorgamiento de prisiones domiciliarias con medidas de control como pulseras o tobilleras electrónicas para personas con delitos Menores”.

En ese sentido, el fiscal Marcelo Soto consideró que “habría que aunar criterios para otorgar ese beneficio, a fin de no quedar expuestos” a lo que el juez replicó que “estamos decididos a resolver lo qe haya que resolver y dar solución, se podrá ser cuestionado o no, pero debemos asumir nuestras obligaciones legales  para dar respuestas de manera urgente tanto a los detenidos como el personal policial”.

Los fines de semana se produce un cuello de botella que agrava la situación por el ingreso de gran cantidad de detenidos, muchos de ellos por contravención y delitos menores. El fiscal Valero recordó que “ahí nos encontramos con otro inconveniente que es que por orden de la Procuración se nos solicitó que no supeditemos los fines de semana”, lo que traducido significa  que si una persona es detenida el fin de semana debe permanecer alojada hasta el primer día hábil siguiente, generando la ocupación de plazas que bien podrían liberarse  descomprimir la situación.

De todas maneras surgió el compromiso de revisar caso por caso las causas existentes en las fiscalías para ver algún tipo de medida para otorgar algún tipo de medida que permita descomprimir la preocupante situación.

Fuente: Diario Norte