27 allanamientos fueron ordenados por la Justicia argentina en una causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes. Las denuncias contra los acusados fueron recibidas a trav�s de la l�nea 134, una l�nea espec�fica para estos casos. Las medidas judiciales establecidas involucran a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. En la causa que instruy� el fiscal Gerardo Pollicita los propios beneficiarios de planes sociales declararon ante sede judicial y aportaron sus propios chat y mensajes donde se prob� la extorsi�n para concurrir a las marchas. De estas declaraciones y pruebas se pudo establecer que dirigentes de organizaciones sociales desplegaron un sistema de cobra de porcentajes del Potenciar Trabajo, adem�s de extorsionar y amenazar a los beneficiarios con "quedarse sin su plan" en caso de no hacer los aportes. "No van a retirar la mercader�a porque no marchan" : las pruebas de la Justicia contra los dirigentes sociales. En el expediente hay diferentes pruebas. Una de estas ocurri� con una mujer identificada como Patricia Iramain, una delegada que en un chat informa qui�nes son los que no van a poder pasar a retirar la mercader�a ya que no fueron a las marchas. Los cuestionados son el referente de ese comedor, Iv�n Ezequiel Candotti (DNI 39.467.810), que trabajaba en el lugar junto con Patricia Iramain (DNI 33.610.521), Brisa Paucara Choque (DNI 44.449.698), Ronald Vargas (DNI 94.084.123) y Elizabeth Galindo (DNI 93877840). Todos involucrados en el caso. Otra de las pruebas que se puede encontrar en el expediente es que los beneficiarios tienen que justificar por qu� no van a la marcha. En otro de los chats se puede ver c�mo un hombre denominado Gustavo Vasquez solicita a quienes no fueron a la movilizaci�n de las organizaciones que entreguen un certificado m�dico que justifique su ausencia. Resistencia 19 �C MIN. MAX. Policiales Actualidad Pol�tica Econom�a Mundo Deportes Sociedad Espect�culos Nacionales Salud BUSCAR INICIOSOCIEDAD + POL�TICA SE VIRALIZARON CHATS Las pruebas de la Justicia contra dirigentes sociales: "Como no marcharon, no retiran mercader�a" Se viralizaron los chats que revelan c�mo los l�deres piqueteros se quedaban con un porcentaje de la asistencia del Estado. 14 de Mayo, 2024 27 allanamientos fueron ordenados por la Justicia argentina en una causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes. Las denuncias contra los acusados fueron recibidas a trav�s de la l�nea 134, una l�nea espec�fica para estos casos. Las medidas judiciales establecidas involucran a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. En la causa que instruy� el fiscal Gerardo Pollicita los propios beneficiarios de planes sociales declararon ante sede judicial y aportaron sus propios chat y mensajes donde se prob� la extorsi�n para concurrir a las marchas. De estas declaraciones y pruebas se pudo establecer que dirigentes de organizaciones sociales desplegaron un sistema de cobra de porcentajes del Potenciar Trabajo, adem�s de extorsionar y amenazar a los beneficiarios con "quedarse sin su plan" en caso de no hacer los aportes. "No van a retirar la mercader�a porque no marchan" : las pruebas de la Justicia contra los dirigentes sociales En el expediente hay diferentes pruebas. Una de estas ocurri� con una mujer identificada como Patricia Iramain, una delegada que en un chat informa qui�nes son los que no van a poder pasar a retirar la mercader�a ya que no fueron a las marchas. Los cuestionados son el referente de ese comedor, Iv�n Ezequiel Candotti (DNI 39.467.810), que trabajaba en el lugar junto con Patricia Iramain (DNI 33.610.521), Brisa Paucara Choque (DNI 44.449.698), Ronald Vargas (DNI 94.084.123) y Elizabeth Galindo (DNI 93877840). Todos involucrados en el caso. Otra de las pruebas que se puede encontrar en el expediente es que los beneficiarios tienen que justificar por qu� no van a la marcha. En otro de los chats se puede ver c�mo un hombre denominado Gustavo Vasquez solicita a quienes no fueron a la movilizaci�n de las organizaciones que entreguen un certificado m�dico que justifique su ausencia. En otro tramo del expediente, el fiscal concluye en que se implement� un sistema de control y de sanciones sobre las v�ctimas, que incluy� la toma de asistencia a las "movilizaciones", la confecci�n de "listas de castigados" que deb�an "reparar" su acci�n mediante el cumplimiento de nuevas tareas, la imposici�n de multas por faltar a una "marcha" de hasta $10.000 por cada ausencia, la exigencia de "justificar" las ausencias a las "movilizaciones" con "comprobantes" de los respectivos impedimentos turnos m�dicos, tr�mites, etc, y la prohibici�n de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados, seg�n cada "incumplimiento", entre otros mecanismos.