El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dio a conocer que se detectaron datos poolémicos en las auditorías que el Gobierno habilitó en los archivos de las indemnizaciones pagadas a víctimas del terrorismo de Estado.

Según la información oficial, hay unos 22.500 expedientes que están siendo revisados, algunos con reconocimiento en sede administrativa o en sede judicial, y otros que no poseen una respuesta del Ministerio sobre la procedencia o no del reclamo. De acuerdo a lo requerido, se audita, en ambos casos, el respaldo documental, la veracidad y legalidad de la documentación presentada para cobrar esas reparaciones.

La información la confirmó Cúneo Libarona en el programa ¿La Ves? de TN. Según lo expuesto en la televisión por el funcionario, el monto promedio de las indemnizaciones es actualmente $80.000.000.

El ministro apuntó al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández porque otorgaron el beneficio por una suma total de $14.261.528.925, amparados por las Leyes 24.043, 24.411 y 25.914. Además, sostuvo que lo hicieron a pesar de que había denuncias por irregularidades.

Por el tenor de la información recabada, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó, el 24 de abril, el embargo sobre los bienes de uno de los procesados. En la causa hay más de 100 expedientes de pago irregular reconocidos en sede administrativa y en el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Los bienes embargados totalizan unos $200.000.000.

Capuchetti ordenó notificar personalmente al abogado Omar Enrique Ramón García -que representa a personas que solicitan los beneficios- del procesamiento firme y del embargo trabado sobre sus bienes y dispuso que comparezca al tribunal en 72 horas hábiles bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su inmediata detención.

En este marco, la Justicia investiga si existió una supuesta asociación ilícita para el armado de documentación falsa para aquellos que simulaban ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura militar.

Cúneo Libarona detalló que la auditoría surge de la causa "Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", en la que se procesó a un grupo de personas por estafa al Estado. También existen "otras causas penales en trámite" por irregularidades vinculadas a pagos duplicados o realizados a personas que no contaban con documentación respaldatoria. Tal es la gravedad del caso que estarían involucrados familiares de personas que estaban viviendo en el exterior; es decir, que no fueron desaparecidos.

De acuerdo a las garantías legales, las indemnizaciones del Estado para víctimas de la dictadura se amparan en seis leyes nacionales que se aplican sobre aquellas que fueron desaparecidas de manera forzosa en hecho ocurridos hasta el 10 de diciembre de 1983.

La Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias es el organismo estatal, dependiente del Ministerio de  Justicia, que confirma o no cada una de las solicitudes de reparaciones.