La diputada Zulma Galeano, del interbloque de la UCR, comentó en el Recinto que el proyecto 1259/22 surgió como una preocupación que recogió en la oportunidad de tomar contacto con miembros de la Junta de Clasificación del nivel Primario del Ministerio de Educación del Chaco.

“Ante el conocimiento de diversas situaciones que tenía como docente y supervisora del sistema educativo, consideré importante trabajar el pedido que me hicieron para que se comprenda cual es la problemática y la gran preocupación de los miembros de la Junta”, sostuvo.

Explicó que se pretende la modificación del estatuto con la introducción de un párrafo, en los artículos 17 y 38. “Y tiene que ver con el artículo 70 de la Ley de Educación Nacional 26.206, que dice que no podrá incorporarse en la carrera docente a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y del título 10 del Libro II del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación de penas”, apuntó.

Añadió que, en el mismo sentido, la ley provincial 1887, indica en el artículo 179, que no podrá incorporarse a la carrera docente o permanecer en ella quienes hayan sido condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad, abuso sexual, perversión de menores, estupor o hayan incurrido en acto de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Código Penal”.

Recalcó que quienes impulsaron el proyecto, sostiene que “ante la realidad que en nuestra sociedad tenemos, se hace sumamente imprescindible que el texto esté en el Estatuto del Docente para que sea considerada porque es el instrumento legal donde se encuentran los derechos y los deberes de los docentes. En el caso docente, los derechos obligaciones se encuentran en el Estatuto y lo que dice allí es lo válido para las acciones que tengan que ver con los ingresos de titularidad, interinos, suplentes, reincorporaciones, traslados y demás”.

“Esto tiene que ver con la Ley de Ética y Transparencia en la función pública. Es una cuestión de necesidad y urgencia porque estamos en el inicio del ciclo escolar donde puede llegar a tener ingreso algún ciudadano no solo involucrado en delitos de lesa humanidad sino en abuso de menores que es lo que preocupa a la Junta de Clasificación”.

La diputada Mariela Quiroz adelantó el voto del bloque. “No es una cuestión técnica, sino política. Es un posicionamiento sobre cuestiones aberrantes así que el absoluto compromiso de nuestro bloque para acompañar esta iniciativa”, aseguró.

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