“Hay una realidad, los teléfonos de manera ilegal o no registrada ya estaban presentes en el contexto de encierro antes de la pandemia. Con la pandemia, hubo una autorización que fue parcial, luego se generaron muchas situaciones de conflicto entre las personas que tenían y no tenían autorizados los teléfonos. Finalmente, el Ministerio de Seguridad tomó la determinación en junio luego de un proceso de análisis”, recordó Álvarez sobre la normativa que habilitó oficialmente el empleo de los dispositivos dentro de cárceles y comisarías chaqueñas.

En ese sentido, explicó que la “resolución tiene el sentido de transparentar, legalizar y de evitar sistemas de corrupción. Porque el acceso a teléfonos se prestaba en determinados ámbitos a que hubiera intercambio de dinero y de bienes materiales para poder acceder o ingresar los aparatos. También tiene el fin de facilitar el contacto familiar, promover el acceso cultural, educativo y laboral, el contacto con defensores y el seguimiento de las causas y el resguardo ante posibles violaciones de derechos humanos”.

La comisionada del Comité contra la Tortura señaló que dicha norma a su vez establece un “uso racional y responsable e indica un procedimiento administrativo para el caso que no se de ese uso responsable. Se retira ese teléfono y se evita que haya un uso abusivo o ilegal”.

Consultada sobre el caso de Villa Ángela, donde una persona detenida por abuso sexual fue acusada de hostigar a su víctima desde la cárcel a través de las redes sociales, la comisionada recordó que el detenido no contaba con celular ya que se lo habían retirado precisamente por uso irresponsable y que habría utilizado uno prestado. Explicó que cada persona “firma una declaración jurada al ingresar el aparato, por lo que todo lo que se produzca sigue siendo responsabilidad del titular” y señaló que el Comité realizó un pedido de informe a la Policía de Chaco que aún ni fue enviado.

“En los casos de violencia de género y abusos, que son los más sensibles y que han trascendido en estos últimos días, tiene que quedar en claro para las víctimas y sus familiares que hay mecanismos que son inmediatos de prevención y protección frente a esas situaciones”, remarcó Álvarez.

“La Policía es quien hace la aplicación de la resolución y quien debe hacer el control de que ese uso se mantenga dentro de lo razonable y que active a su vez los mecanismos si hubiera sospecha o posibilidad de comisión de un delito”, resaltó.

Por otra parte, sobre el pedido de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) de Chaco, Nancy Sotelo, de que se prohíba el uso de celulares a detenidos por delitos contra la integridad sexual y por femicidios, Álvarez indicó que “hay mecanismos judiciales para poder limitar la interacción del victimario a partir de las redes sociales”.

“Una persona privada de libertad recibe indicaciones de cómo debe ser su conducta, que van desde la necesidad de estudiar, trabajar, desarrollar vínculos hasta no generar conflictos. Perfectamente se puede, a través de los jueces de ejecución, imponer reglas de conducta, es absolutamente válido y legítimo en el proceso de ejecución de la pena”, afirmó la integrante del Comité.

“La resolución tiene que ver con el derecho a la comunicación que tienen 2800 personas que hoy se encuentran privadas de libertad, entre Servicio Penitenciario y comisarías; y que la mayor parte de ellas, a seis meses de implementación de la resolución, están haciendo un uso absolutamente responsable, están estudiando y recuperando vínculos muchos de ellos”, afirmó y señaló que “no se trata de un privilegio ni de una cuestión excepcional”.

“Tenemos que llevar tranquilidad a las víctimas de que, si se sienten afectadas, rápidamente tiene que haber un mecanismo de protección. Esto es lo que tenemos de discutir. Ojalá estos temas lleguen a la Cámara de Diputados y se discutan porque necesitamos del involucramiento social y, en este caso, de los legisladores para discutir lo que está ocurriendo dentro de las cárceles y del incumplimiento del Estado del objetivo resocializador que tiene la pena en sí misma”, apuntó.

FUENTE: NOVACHACO.