El Estado argentino reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en la falta de esclarecimiento y la corrupción que rodeó la investigación del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, y que dejó un saldo de 85 personas muertas.

En una audiencia, autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación admitieron la culpabilidad internacional de la Argentina por las violaciones de los derechos humanos de las víctimas del atentado a la AMIA, la violación de su derecho a la justicia y el encubrimiento, no por negligencia, sino porque los jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y las autoridades del Poder Ejecutivo decidieron acusar a inocentes y proteger a sospechosos cercanos al poder.

“El juez, sus empleados, los fiscales, la SIDE, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la policía concretaron la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, expresó Natalia D’Alessandro, coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia.

Fue en el final de la audiencia ante la Corte Interamericana, adonde Memoria Activa llevó su reclamo contra la Argentina, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ahora, la Corte dictará una condena contra la Argentina en los próximos meses que contemple obligaciones institucionales con respecto a la causa AMIA; al funcionamiento de la justicia y a la reparación económica, que incluye una indemnización, gastos, viáticos y honorarios de abogados, que solicitó Memoria Activa y el CELS y que suman unos 700.000 dólares. Los montos menores serían para las indemnizaciones a familiares.

"EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO ES MÁS DURO QUE EL ALEGATO DE LAS VÍCTIMAS"
El reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino sorprendió a los propios jueces de la Corte. En ese sentido, el colombiano Humberto Sierra Porto, vicepresidente de la Corte, dijo tener “sentimientos complejos porque el reconocimiento del Estado es más duro que la misma alegación de las víctimas, es un asunto que tiene una dimensión fuera de lo común”.

No obstante, el juez señaló que no basta el reconocimiento del Estado, o que espere que la Corte le diga qué hacer, sino que es el propio Estado el que debe actuar.

“Solo los argentinos pueden llegar a acuerdos en una materia tan sensible como la organización judicial”, les dijo.

Por su parte, el presidente de la Corte Interamericana, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, sostuvo que la Argentina no debe esperar a la sentencia para cambiar lo que reclama, y puso como ejemplo que pude dictar medidas administrativas para tratar la documentación del caso y la desclasificación.

Fuente: Data Chaco