En medio de la nueva crisis interna que desató la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Gobierno anunció que este lunes dará a conocer quién será su reemplazante.

El lugar será ocupado obviamente por otra mujer y, según pudo averiguar Infobae, tras un intenso debate con sus colaboradores más cercanos el presidente Alberto Fernández determinó que esa cartera no sea reducida a una secretaría.

Gómez Alcorta, que decidió alejarse del gobierno con una carta muy dura sobre la actuación de las fuerzas federales en el conflicto mapuche de Bariloche, sería reemplazada por la actual secretaria del ministerio, María “Marita” Perceval. Se trata de una exsenadora mendocina que cuenta con la aprobación y la confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Pero ese no sería el único anuncio. El gobierno también daría a conocer otros dos cambios en el Gabinete pero mantiene hermetismo total sobre los nombres.

Cerca del Presidente, acostumbrados a las inquietudes de la prensa posteriores a los -ya numerosos- cambios de ministros, pidieron inclusive que no se hicieran consultas y, dejaron saber que Alberto Fernández se tomará el fin de semana para decidir.

Todas las miradas apuntan a Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social; y Claudio Moroni, ministro de Trabajo. Ambos son hombres leales al Presidente, pero cuya labor viene siendo objetada por sectores internos del Frente de Todos vinculados al kirchnerismo.

La posible salida de Zabaleta está además directamente relacionada a lo que sucede actualmente en Hurlingham, municipio bonaerense del que era intendente y que quedó en manos del camporista Damián Selci, quien se niega a entregar el sillón de mando y ya se anotó para la carrera del 2023.

Moroni, en tanto, fue mencionado reiteradas veces por Cristina Kirchner como uno de los “funcionarios que no funcionan”, a lo que se sumó el desgaste del prolongado conflicto del gremio del neumático, que estuvo a punto de paralizar a las terminales automotrices.

En lo que respecta a la exministra Gómez Alcorta, el Presidente se notificó de su renuncia “indeclinable” el jueves por la tarde en Olivos. Se encontraba, en ese momento, con su canciller, Santiago Cafiero, preparando la presentación del día siguiente ante la ONU, y la recibió en privado.

Según pudo reconstruir Infobae, escuchó sus planteos sobre la actuación de la Policía Federal en Villa Mascardi y “la contuvo”, dijeron en el círculo presidencial, pero “no pudo retenerla” a pesar de que “lo intentó”.

Otras versiones indican que no era la primera vez que Gómez Alcorta le hacía llegar su incomodidad desde que escaló el conflicto en el Sur, y que el primer mandatario le cerró la puerta a sus reclamos. En cambio, privilegió a Aníbal Fernández, su ministro de Seguridad y uno de los pocos referentes fuertes del Gobierno que aún responden a su mando directo, un bien simbólico preciado en la Casa Rosada en la interna incesante con Cristina Kirchner.

Sin respuesta a sus quejas, el viernes por la mañana, en una carta dirigida al Presidente, Gómez Alcorta dejó su cargo públicamente, con una fuerte denuncia sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres detenidas durante el operativo de las fuerzas federales en Villa Mascardi. “Con este hecho se ha transpuesto un límite”, lanzó.

En los altos mandos de la administración nacional, algunos funcionarios evaluaron que estaba decidida de antemano a dejar su rol, y que utilizó los incidentes en Villa Mascardi como excusa. Según dijeron, hace tiempo se encontraba incómoda en el Gabinete, donde su gestión era cuestionada en forma generalizada por distintos motivos. Entre ellos, la sub-ejecución del presupuesto, el tipo de acciones que impulsaba, la “falta de resultados”, y el bajo perfil de sus actividades.

En la Casa Rosada recibieron la salida de Gómez Alcorta con una mezcla de alivio y malestar. Según señalaron, la ministra no tenía buena relación con sus pares, ni siquiera con otras funcionarias que defienden las banderas del género. Pero consideraron “infantil” que dejara el barco por acciones que “ni siquiera fueron decisión del Gobierno”, en referencia a la detención y el traslado de las mujeres. “Fue una orden de la jueza, no de la fuerza”, se defendían en el gobierno nacional.