En ese sentido, el gobernador sostuvo que “tener una política perfectamente organizada para resolver el problema, y generar los mecanismos de inversión, es importante”, y explicó que “pretendemos avanzar con Unicef en el Programa, con un enfoque metodológico para la medición multidimensional de la pobreza, a los efectos de definir estrategias que permitan el diseño y la ejecución de políticas públicas para resolver este tipo de problemas, que es una combinación de ingresos, de derechos y de infraestructura social básica que promuevan un entorno favorable para su desarrollo”.

El Programa MUNA tiene una proyección de implementación a cuatro años, y dará su inicio en nueve provincias seleccionadas del país (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Jujuy, Salta y Chaco), de donde también se trabajará en forma focalizada en las localidades, para lo cual, en Chaco, se seleccionó a Barranqueras, Resistencia, Campo Largo, Juan José Castelli, Machagai, Pampa del Indio, Presidencia Roque Sáenz Peña, San Bernardo y Taco Pozo como áreas de aplicación, con la intención de acompañar el trabajo en la estrategia para promover los derechos de la infancia y adolescencia.

“Nosotros estamos implementando los centros de desarrollo infantil, que promueven el desarrollo psicomotriz, asistencia nutricional y alimentaria. Tenemos un sistema de protección de derechos en toda la provincia, de una manera activa y efectiva, con 220 dispositivos estructurados para distintos grupos etarios, pero haciendo énfasis en la infancia. Y también estamos propiciando el desarrollo de la primera infancia, para llegar a cerca de 40 centros de desarrollo infantil, de los cuales ya tenemos 23 en ejecución”, reseñó el gobernador, y remarcó que esto “permite promover igualdad de oportunidades para adolescentes, garantizar entornos libres de violencia, protección y aumentar el compromiso social en el ejercicio efectivos de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

El MUNA pretende alcanzar a cerca de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes de todo el país, garantizando el derecho de acceso a la salud, la educación, cuidado y protección contra la violencia y el abuso, un entorno saludable y limpio, espacios verdes e inclusivos, y a participar activamente y ser escuchados, con lo cual se buscará trabajar fuertemente articulando con los gobiernos locales.