Tras la muerte de Leonardo Bravo, un hombre de 37 años, luego de ser detenido el pasado sábado, el Organismo de Control Institucional tomó cartas en el asunto y dio a conocer las medidas contra A.F., el policía que participó en la aprehensión del fallecido.

El hecho había comenzado en horas de la siesta cuando una mujer llamó a la policía para alertando que Bravo quería ingresar a su domicilio. Bravo habría sido detenido luego de oponer resistencia por lo que “se hace uso de la fuerza en la medida necesaria, logrando colocar las esposas de seguridad y conducirlo hasta el Departamento de Medicina Legal”, según la versión policial. Allí el hombre se descompensa y es trasladado rápidamente al hospital local, donde se le practicaron maniobras de reanimación pero no lograron salvarlo y terminó perdiendo la vida.

Ante esta situación, se comenzaron con las actuaciones correspondientes. En principio la autopsia reveló que Bravo murió por un paro cardiorrespiratorio no traumático y que no se evidenciaban signos de violencia reciente.

Las actuaciones oficiales llegaron a manos del Organismo de Control Institucional (OCI), con competencia para investigar y sancionar las faltas y delitos cometidos por los agentes y funcionarios policiales en el ejercicio o en ocasión de su función policial. Pero luego desde el organismo conocieron otras versiones a través de los medios de comunicación, donde una mujer testigo del hecho manifestó que “fueron 3 policías los que le pegaron mucho a Leo”.

Haciendo uso de su competencia, el organismo que es dirigido por Ricardo Urturi actuó de oficio y se avocó a la investigación del caso. En ese sentido, comenzó a recabar declaraciones testimoniales y se logró hablar con una testigo del hecho, quien brindó una versión diferente a la que habían contado los policías.

Pero además hubo otro testimonio contundente. Según detallaron desde el OCI, la misma mujer que había denunciado a Bravo también contradijo a lo que habían detallado los uniformados respecto al procedimiento policial, quienes aseguraban no haber usado una violencia desmedida que haya podido provocar la muerte del detenido. Esta última declaración, contaron desde el OCI, agravó “las pruebas colectadas en contra de la actuación policial”.

En este escenario, la dirección General del Organismo de Control Institucional consideró que se trata de “un hecho de excepcional gravedad, violatorio de fundamentales Derechos Humanos que por su naturaleza y situación especial” y agregó que el caso “adquirió una trascendencia pública y consecuentemente afectó el prestigio de la Institución, al verse involucrado integrantes de la Institución policial, lo que como consecuencia se traduce o refleja una traición a la confianza ciudadana de la cual la Policía es depositaria, ya que es responsable de resguardar la vida y los Derechos Humanos, tornándose estos hechos de una gravedad extrema”.

Así las cosas, tomaron la decisión de disponer la instrucción de sumario administrativo y en su marco la medida de “suspensión preventiva de funciones con retención de haberes” del agente A.F., además de continuar con la investigación, recibiendo las declaraciones de todas las personas que puedan contribuir al esclarecimiento, además del acopio de toda otra prueba pertinente.

“Todo ello da cuenta de la transparente e inmediata actuación de la institución policial, destinada a la real averiguación de los hechos que lamentablemente han derivado en el fallecimiento de una persona, interviniendo de oficio para esclarecer todo lo atinente al procedimiento policial seguido, determinar la responsabilidad de los agentes actuantes en el suceso fatal y, en su caso, adoptar todas las sanciones que correspondan”, añadieron desde el OCI.

Fuente: Diario Chaco