Fuentes oficiales aseguraron que la iniciativa, que ingresó el viernes pasado con la firma de Massa, busca beneficiar a una mayor cantidad de contribuyentes a nivel nacional y a la vez potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo.

Hasta fines de 2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia. Con la actualización anual del impuesto, de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300 mil trabajadores dejaron de ser alcanzados por el tributo, ya que el piso para los solteros pasó a ser de $ 74.810 y de $98.963 en el caso de los casados con dos hijos.

Con la propuesta del líder de Frente Renovador, la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000. En consecuencia, si fuera aprobado, permitiría consolidar un esquema progresivo, en el que el Impuesto a las Ganancias solo lo pagaría el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.

“La recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año. Sacarle el Impuesto a las Ganancias a más de 1.250.000 personas significa mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso”, aseguró Massa ante la consulta de Infobae.

Y agregó: “Debemos tener un sistema tributario más progresivo. Hoy paga más en proporción a su ingreso de Ganancias una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo”.

El texto incluye además un aumento en las deducciones para quienes perciban entre $150.000 y $173.000, lo que les permitirá pagar menos de Ganancias. Y conserva el criterio de progresividad para el resto de los trabajadores y jubilados.

El proyecto oficialista está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país, siendo una medida que logrará que más de 486 mil personas del sector de la administración pública, defensa y seguridad social, entre los que se encuentran los docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, dejen de pagar.

Según cada sector, la cantidad de trabajadores a lo largo del país que dejarían de pagar serían: 178 mil (58%) de la industria manufacturera; 133 mil (65%) del transporte, logística y almacenamiento; casi 106 mil (74%) de comercio mayorista y minorista; 48 mil (46%) del sector financiero y casi 27 mil (54%) del rubro de la construcción.

Al desmenuzar los alcances del proyecto por región, en la provincia de Buenos Aires dejarían de pagar 569 mil empleados y jubilados; 157 mil en CABA; 103 mil en Córdoba, 98 mil en Santa Fe y 32 mil en Entre Ríos (ver infografía con todas las provincias).

“El presente proyecto tiene como objetivo aliviar el peso fiscal de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas en el marco de una política permanente de este Gobierno de instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los y las contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”, plantea en sus fundamentos el texto del proyecto al que accedió este medio.

“De manera complementaria, 102.741 trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas con remuneraciones de entre PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) y PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL ($ 173.000) gozarán de un incremento adicional de sus deducciones para evitar saltos bruscos en la escala del impuesto. Adicionalmente, este promedio razonable de empleados y empleadas, jubilados y jubiladas que quedaría pagando el impuesto respeta el concepto de progresividad”, se especificó.