Por pedido de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia, que desde un primer momento se constituyó como querellante, este martes 9 de junio quedaron detenidos cuatro policías imputados por privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas, allanamiento ilegal y apremios en los hechos de público conocimiento ocurridos en Fontana. 
 
Los fiscales subrogantes Sergio Cáceres Olivera y Lilian Irala, de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, ordenaron la detención del oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, del sargento Cristian Omar Benítez, del cabo Cristian Ariel Flores y del agente Orlando Sergio Cabrera.
 
La disposición logística y las herramientas tecnológicas aportadas por la secretaría provincial posibilitaron que las declaraciones puedan realizarse por videoconferencia. Las declaraciones de tres de las víctimas y una testigo fueron fundamentales para reconstruir los hechos y lograr estas primeras detenciones. 
 
“Estamos garantizando un abordaje jurídico con perspectiva de derechos humanos y de género, por ello la querella del Estado es clave para terminar con la impunidad y garantizar justicia a las víctimas”, manifestó la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, acompañada por el abogado de la secretaría Kevin Nielsen.
 
Además, la cartera provincial pidió que la imputación formal vaya acompañada de la prisión preventiva ante el riesgo procesal que implica, tanto por peligro de fuga en los delitos graves a los que se le acusa, como por el peligro de entorpecimiento de la investigación. 
 
La subsecretaria consideró que “este tipo de prácticas no solo violentan los derechos humanos de chaqueñas y chaqueños, sí no que desprestigian a las fuerzas de seguridad”, por eso insistió en que “caerá todo el peso de la ley sobre aquellas personas que ejerzan violencia o abusos de poder”, ya que “éstas prácticas no son toleradas en el Chaco de 2020”.