La Argentina llevó nuevamente el reclamo por las Islas Malvinas al ámbito internacional, esta vez con un planteo centrado en la explotación de petróleo en la plataforma continental del Atlántico Sur.

Durante la primera jornada de audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el embajador Mario Oyarzábal, representante argentino, sostuvo que el Reino Unido no puede avanzar sobre los recursos naturales de una zona cuya soberanía está en discusión.

«Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa», afirmó Oyarzábal al exponer la posición nacional.

El pedido argentino apunta principalmente a frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que prevé desarrollar actividades de explotación hidrocarburífera al norte de las Islas Malvinas.

La presentación contempla cuatro solicitudes concretas: impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación, evitar el otorgamiento de nuevas autorizaciones, preservar la información obtenida durante las exploraciones y garantizar la protección del medio marino.

Uno de los argumentos centrales de la delegación argentina es que la extracción de petróleo provocaría un daño irreversible, ya que se trata de un recurso no renovable que no podría recuperarse si posteriormente una resolución internacional reconociera los derechos reclamados por el país.

«Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva», explicó el representante argentino.

Además, la delegación advirtió sobre los posibles riesgos ambientales de la actividad petrolera, especialmente ante la posibilidad de derrames que podrían afectar aguas argentinas.

EL REINO UNIDO RECHAZÓ EL RECLAMO ARGENTINO

Por su parte, la representación británica solicitó que el Tribunal rechace la presentación argentina y cuestionó su competencia para intervenir en el conflicto.

La fiscal general británica, Ellie Reeves, defendió el derecho del Reino Unido a continuar con el desarrollo petrolero y sostuvo que las medidas solicitadas por la Argentina tendrían consecuencias económicas para los habitantes de las islas.

Londres también argumentó que no existe una situación de urgencia que justifique suspender el proyecto y que los derechos invocados por la Argentina no reúnen las condiciones necesarias para dictar medidas provisionales.

De esta manera, la histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas suma un nuevo capítulo en el escenario jurídico internacional, ahora con el foco puesto en la defensa de los recursos naturales y los derechos argentinos sobre la plataforma continental.