Según lo informado por el municipio, durante la mañana el funcionario se presentó en las instalaciones junto a otras personas que se identificaron como abogadas y escribanos, aunque —de acuerdo con el comunicado— no habrían exhibido documentación que acreditara sus identidades. El objetivo habría sido realizar un relevamiento y tomar fotografías, situación que, según las autoridades municipales, generó tensión e incomodidad entre los trabajadores.

El comunicado también indica que, durante la tarde, el sereno del lugar alertó sobre el ingreso de personas desconocidas que habrían actuado en nombre del ministro y violentado la cerradura del edificio. A raíz de lo ocurrido, la asesoría legal del municipio radicó una denuncia ante la Fiscalía.

Al día siguiente, los trabajadores se encontraron con que no podían ingresar a la oficina porque la cerradura había sido cambiada, siempre según la versión municipal.

Frente a estos hechos, el municipio cuestionó el procedimiento atribuido al Gobierno provincial y sostuvo que cualquier reclamo sobre bienes públicos debe realizarse por las vías legales correspondientes. Además, manifestó su preocupación por la seguridad del personal y la preservación del patrimonio municipal.

Finalmente, las autoridades locales afirmaron que se reservan el derecho de iniciar acciones judiciales y exigieron respeto por la Constitución, las leyes y las instituciones.

Hasta el momento, el comunicado no incluye una respuesta del ministro ni una versión del Gobierno provincial sobre lo sucedido.