Participaron del encuentro el Juez de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 1, Dr. Carlos Quiroz; la Jueza de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 2, Dra. Estela Maris Vega; la Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes N.º 1, Dra. Rocío Carrera; la Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes N.º 2, Dra. Sheila Kleisinger; la Fiscal de Cámara, Dra. Silvana Rinaldis; la Fiscal Correccional, Dra. Valeria Sand; el Sr. Defensor Oficial N° 1, Roberto Bali, Fiscal de Investigación N.º 1, Dra. Gisela Oñuk y el Fiscal de Investigación N.º 4, Dr. Matías Daer, todos de la ciudad de Villa Ángela.

Asimismo, participaron la Fiscal Rural de Machagai, Dra. María Emilia Rudaz, y la Fiscal Antidrogas Interior de Presidencia Roque Sáenz Peña, Dra. Laura Borelli.

Por parte de la Policía del Chaco participaron la Sra. Directora de Zona Interior Villa Ángela, Comisario Mayor Ivana Soleaga; Supervisores, Jefes y personal de las distintas unidades y comisarías a su cargo, así como integrantes de divisiones especiales, entre ellas la División Investigaciones Complejas Interior Villa Ángela, División Drogas, División Violencia de Género y Familia, División Rural, División Tránsito y Patrulla Vial.

También participaron miembros de la Unidad de Protección Integral (UPI) y del Centro de Resguardo N.º 4.

Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados con la aplicación práctica del nuevo régimen, las competencias y responsabilidades de cada organismo, los mecanismos de actuación frente a hechos que involucren a adolescentes y la necesidad de establecer canales ágiles de comunicación y coordinación entre todos los actores intervinientes.

El encuentro permitió avanzar en la construcción de criterios comunes de actuación y pautas de intervención, procurando una implementación ordenada, eficaz y articulada de la nueva normativa, con especial atención a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, las garantías del debido proceso y una adecuada respuesta institucional ante cada situación.

La jornada permitió, además, fortalecer la coordinación entre los organismos judiciales, las fuerzas de seguridad y los organismos de protección de la niñez, consolidando mecanismos de trabajo conjunto destinados a brindar respuestas claras, ágiles y articuladas ante la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.