El caso tomó estado público durante el debate judicial que se desarrolla desde el 22 de abril ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay, presidido por la jueza Mariela Emilce Rojas. La fiscal Minatta y su auxiliar Gabriela Velázquez representan al Ministerio Público Fiscal. El veredicto está previsto para el 16 de junio.

La investigación judicial comenzó en 2019 luego de una denuncia recibida a través de la Línea 145, que derivó en actuaciones bajo la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay. En 2021 se logró identificar a la víctima, quien en 2006, con solo 17 años, fue trasladada desde Villa Ángela al prostíbulo denominado Snack Bar, ubicado cerca de las rutas 39 y 14. Allí fue obligada a prostituirse hasta finales de 2008, bajo un régimen de violencia y amenazas, incluyendo episodios de golpes.

El imputado, de 43 años y sobrino del fallecido dueño original del local, fue acusado formalmente de facilitación de la prostitución en concurso ideal con trata de personas. La fiscalía también solicitó una reparación económica de 63 millones de pesos para la damnificada, el decomiso del prostíbulo y la inmediata detención del acusado.

Durante su alegato, Minatta destacó que este caso involucra violencia de género en múltiples formas contempladas en la Ley N°26.485, y repasó la evolución de la legislación argentina sobre trata de personas, desde la histórica "Ley Palacios" de 1913 hasta las normas vigentes.

Además, describió el contexto local de la época, señalando que Concepción del Uruguay había consolidado un circuito prostituyente desde fines de los años 90 hasta 2013, con numerosos prostíbulos que operaban como whiskerías o bares. Según testimonios policiales, el traslado de mujeres engañadas desde provincias del norte bajo falsas promesas laborales para la explotación sexual era una práctica común y socialmente naturalizada.

El relato revela que la víctima intentó escapar con ayuda de un cliente, pero tras regresar a la casa de su madre en Chaco, recibió amenazas directas que la forzaron a volver a Entre Ríos, donde continuó siendo explotada, alojada bajo llave en el domicilio particular del imputado y trasladada diariamente al prostíbulo.

El proceso judicial continúa en desarrollo mientras se aguarda la sentencia definitiva, que marcará un precedente en la lucha contra la trata y la explotación sexual en la región.