El Gobierno nacional reactivó el tratamiento de un proyecto clave sobre armas de fuego y busca que el Senado lo convierta en ley en los próximos días. La iniciativa, que ya tiene media sanción de Diputados desde 2024, introduce un régimen de regularización más ágil y extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el programa de entrega voluntaria.

El tema será debatido en un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales. El oficialismo apura los tiempos porque el expediente perderá estado parlamentario si no avanza.

El proyecto plantea dos caminos: regularizar la tenencia dentro de la ley o entregar el arma de forma anónima para su destrucción a cambio de un incentivo económico. La iniciativa apunta a mejorar el control sobre el circulante y reducir la cantidad de armas sin registrar.

Desde el Ejecutivo sostienen que la trazabilidad es un punto crítico en materia de seguridad pública, ya que permite identificar armas y prevenir su uso en delitos. En ese marco, advierten que todavía existe un volumen significativo de armamento fuera del sistema formal.

Según estimaciones oficiales, más de 800.000 armas están en situación irregular. El diagnóstico apunta a trabas burocráticas, costos y dificultades de acceso como factores que explican la baja registración.

Uno de los ejes del proyecto es la digitalización de los trámites. El objetivo es que los usuarios puedan completar el proceso de forma remota, reduciendo tiempos y costos, sin modificar los requisitos legales vigentes, como los controles psicofísicos y la aptitud de tiro.

Desde el organismo encargado del control de armas remarcan que la meta es facilitar el cumplimiento de la ley, no flexibilizarla. La intención es que el proceso sea más accesible para quienes buscan regularizar su situación.