En este marco, el ministro de Gobierno, Julio Ferro, explicó que la resolución del máximo tribunal establece que será el propio Ejecutivo quien deberá definir un mecanismo alternativo de actualización salarial, en función de las posibilidades presupuestarias y la disponibilidad real de recursos económicos. “El fallo es claro en cuanto a que no corresponde imponer un esquema automático como la cláusula gatillo, sino que reconoce la necesidad de que las políticas salariales se diseñen de acuerdo a la realidad financiera de la provincia”, señaló el funcionario.

Asimismo, destacó que la decisión acompaña la postura sostenida por el Gobierno provincial, al considerar que cualquier actualización salarial debe ser sustentable y garantizar el equilibrio de las cuentas públicas. “Este fallo respalda la responsabilidad con la que se viene administrando el Estado, priorizando el uso eficiente de los recursos y evitando compromisos que puedan afectar el funcionamiento general de la provincia”, agregó Ferro.

Por último, el ministro aseguró que el Gobierno continuará trabajando en la implementación de herramientas que permitan recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, dentro de un marco de previsibilidad y sostenibilidad económica.