No es posible sostener un país con ajustes permanentes mientras las necesidades sociales crecen y la falta de recursos se hace cada vez más evidente en la vida cotidiana de las comunidades.

El gobierno nacional afirma que “lo peor ya pasó” y anunció la llegada de fondos frescos en calidad de préstamos, destinados a pagar vencimientos de deuda. Con ello logró calmar a los mercados e impedir que el dólar superara el techo de la banda cambiaria. En otras palabras, se ordenó la economía financiera.

Sin embargo, en la economía real la recesión se profundiza: faltan recursos para generar crecimiento, el consumo sigue en caída y el bolsillo de la gente se resiente cada vez más. El equilibrio fiscal se alcanzó, pero a costa de ajuste y recesión. Hoy lo que se necesita es lograr ese equilibrio con crecimiento económico e inversión.

La provincia del Chaco recibe cada vez menos recursos coparticipables y la tendencia continúa a la baja. Mes a mes, los municipios disponen de menos fondos y se desconoce hasta dónde llegará esta recesión. Esto genera incertidumbre porque resulta imposible proyectar con qué recursos reales se podrá contar. En definitiva, hay más ajuste y menos crecimiento económico.

Al inicio de la gestión de este gobierno, en diciembre de 2023, el dólar oficial se llevó a $805, con una devaluación del 118,3%. La moneda nacional perdió en la misma proporción su poder adquisitivo. Se anunció que se liberaría el mercado cambiario para dejarlo flotar libremente, pero en la práctica eso nunca ocurrió, ya que el gobierno siguió interviniendo para controlar el valor de la divisa. Luego de un año y ocho meses, se fijó una nueva banda cambiaria entre $1.000 y $1.500, estableciendo que se intervendría si se superaban esos valores. En conclusión, el dólar continúa regulado por el gobierno y no por el mercado.

A valores actuales, el dólar tuvo un incremento del 178%, que se trasladó en su totalidad a los precios. Los salarios, en cambio, no acompañaron esa devaluación y el poder adquisitivo continúa deteriorándose.

En septiembre, el municipio de Villa Ángela recibió hasta el día 25 apenas un 30% de lo que correspondía en concepto de coparticipación para poder cerrar las cuentas y afrontar el pago de salarios. Ante esa situación, el tesoro municipal se vio obligado a utilizar 400 millones de pesos de ahorros propios, sin contar con los fondos necesarios para cubrir los gastos operativos, el mantenimiento de maquinarias, el pago a proveedores y la ejecución de obras públicas.

Esta es la realidad económica que genera incertidumbre. La tendencia, lejos de mejorar, sigue siendo negativa en cuanto a la coparticipación. Esperamos que las autoridades nacionales encuentren soluciones que permitan una distribución equitativa de los recursos, respetando el federalismo y garantizando un trato justo para las provincias más postergadas. Porque el Chaco también es parte de la Argentina.