Entre los temas más destacados, los concejales Posadas, Mion y Capdevila presentaron un pedido de informe dirigido al Intendente Municipal en relación a la adquisición de dos bateas, amparados en la Ordenanza N.º 5630. El cuerpo legislativo busca confirmar si dicha compra se realizó efectivamente mediante el mecanismo de compra directa autorizado o, en su defecto, si se utilizó un sistema de leasing con el Banco del Chaco. Este planteo evidencia una vez más la necesidad de mayor claridad y control sobre los procesos administrativos y de adquisición de bienes públicos. En la misma línea, los mismos concejales solicitaron al Ejecutivo que proceda a poner en funcionamiento la Sala Velatoria ubicada en el Cementerio Municipal Juan Pablo II, conforme a lo estipulado por la Ordenanza N° 5637. La falta de comunicación oficial respecto al uso de este espacio público ha generado desconcierto y críticas, ya que se trata de un servicio esencial que debería estar disponible para todos los ciudadanos, sin privilegios ni excepciones. Reclamos vecinales: asfalto, accesibilidad y servicios básicos La sesión también recibió fuertes planteos de vecinos del barrio 60 Viviendas, quienes exigieron su inclusión en los planes de asfaltado urbano, destacando que su unidad barrial es una de las pocas que aún no ha sido beneficiada, a pesar de promesas realizadas desde 2015. Los vecinos recordaron que, además del asfalto, siguen esperando por iluminación, veredas y accesos adecuados, especialmente para dos familias con integrantes con discapacidad que necesitan condiciones mínimas de accesibilidad para trasladarse a diario hacia sus tratamientos médicos. Entre los reclamos más urgentes, solicitaron también que el municipio pida a la empresa SAMEEP a construir las veredas en las calles que la rodean y a mantener limpio e iluminado el predio, ya que esto afecta directamente a niños y jóvenes que asisten a escuelas cercanas. Por otro lado, se recibió una nota firmada por vecinos que residen detrás del Parque Industrial, quienes solicitaron la extensión urgente de la red eléctrica hacia esa zona. Actualmente viven sin este servicio básico, lo que afecta su calidad de vida, la conservación de alimentos y la seguridad en el hogar. Argumentaron que, como ciudadanos, tienen derecho a acceder a los servicios fundamentales que garanticen una vida digna. Compromiso institucional pendiente La sesión dejó en claro que, más allá del debate político, las necesidades básicas siguen siendo el eje de los reclamos vecinales. La comunidad exige respuestas concretas y una gestión que garantice el acceso equitativo a los servicios públicos. En un contexto económico y social cada vez más complejo, la transparencia en el uso de los recursos, la inclusión en las obras y el cumplimiento de promesas históricas son condiciones mínimas para una convivencia justa.