En este sentido, Nación avanzó con un decreto que deja sin efecto 7000 contratos estatales que ingresaron este año. En concreto, se trata de la no renovación de los vínculos laborales. Pero además, habrá un período de evaluación de 90 días para el resto de los contratos estatales.

Entre las excepciones que hace el DNU se encuentran aquellos cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales, el personal que haya prestado tareas previas al 1° de enero de 2023 y haya modificado su modalidad de contratación y los contratos que los titulares de las jurisdicciones consideren indispensables para el funcionamiento de la jurisdicción.

La normativa también establece que los contratos estatales cuya fecha de ingreso sea previa al 1° de enero de 2023 no podrán ser renovados  por un periodo mayor a los noventa días corridos.

En su artículo 4°, establece: "Instrúyese a las autoridades competentes de cada jurisdicción mencionada en el artículo 1° a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente".

Y aclara: "En el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación". La decisión se informó este martes a través en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei.

Así, la medida alcanza a los empleados transitorios "y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también a los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la Anses, el PAMI y la AFIP.