A través del Órgano de Control Institucional (OCI), el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia intervino en un caso de violencia de género ejercida por un personal policial contra una mujer, también integrante de la fuerza.

De acuerdo al informe del OCI, al tomar conocimiento de las agresiones ejercidas por el empleado policial, que son de público conocimiento, y al no haber denuncias formales por el hecho, el Jefe de Policía Ariel Acuña ordenó al Departamento Violencia Familiar y Género que se realice una actuación de oficio. 

A la par, se iniciaron también actuaciones judiciales en contra del empleado policial y se abrió una Información Sumaria Administrativa en carácter de sumarísima, conforme lo establecido en la Ley N° 2141-J. Siguiendo lo establecido por esa norma, se retuvo el arma reglamentaria a ambos efectivos policiales, considerando además la situación de convivencia.

La intervención judicial está a cargo de la Doctora Rosana Soto, que se encuentra subrogando la Fiscalía Especial en Temáticas de Género, quien ya tomó las primeras medidas preventivas en el caso.

Paralelamente, por orden de la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, el OCI inició de oficio un Sumario Administrativo al efectivo policial. Como medida preventiva las autoridades del OCI resolvieron separarlo del servicio con retención de haberes.

Autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia y de la Policía del Chaco manifestaron además su repudio ante este hecho de violencia por razones de género, instando a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho similar comunicándose a las Líneas 137 y 911, o bien acercándose a la unidad policial más cercana a su domicilio.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se intervino siguiendo el protocolo en casos de violencias por cuestiones de género. Es así que a través de la representación de la abogada Alma González, perteneciente al programa de Litigios Estratégicos, se intentó tomar contacto con la víctima con el fin de ponerse a disposición desde el organismo para ofrecer asesoramiento legal.

En esta oportunidad, la mujer involucrada en el hecho optó por no llevar adelante acciones legales contra su agresor. Si bien la familia de la misma tomó contacto con el equipo de la Secretaría solicitando asesoramiento, es importante remarcar que el delito de lesiones es de acción pública pero de instancia privada, lo cual quiere decir que el Estado investiga lo sucedido, pero esto debe ser impulsado por pedido de la víctima, más allá de la intervención que solicite su familia o algún tercero.

De acuerdo a los detalles brindados por la Fiscalía 9, la víctima fue debidamente informada de las herramientas legales, de asistencia y contención con las que cuenta, pero esta dejó en claro que no desea accionar penalmente ni avanzar en causa legal alguna. 

Ante cualquier situación de violencia, dar alerta a los números de emergencia como el Servicio 911, la Línea 137 y la Guardia de Género 362 474-6518, también quien posea información sobre Cecilia, pueden acercarse a la comisaría más cercana o a las oficinas judiciales.