De acuerdo a la hipótesis acusatoria de la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos Adjunta, los funcionarios policiales asediaron, hostigaron y sometieron a tormentos físicos y psíquicos a la víctima provocándole la muerte. En ese sentido, subrayó que “la muerte de Leandro Bravo está estrechamente relacionada con las circunstancias previas y sincrónicas con la aprehensión, como estímulos que gatillaron el proceso causal de la muerte”.

Por los hechos, la representante del Ministerio Público Fiscal imputó al oficial subayudante Alexis Fleitas Noguera, el cabo Franco Sosa y el agente Carlos Díaz como coautores del delito de tortura seguida de muerte; al primero también se lo acusa por el delito de falsedad ideológica, por inventar una denuncia falsa contra Bravo por un supuesto intento de robo con el que pretendió convertir en “legal” el operativo policial que incluyó a casi todos los móviles disponibles en la ciudad de Charata.

Según reveló la revista Litigio, en su escrito la fiscal Slusar dejó en claro que no existía “ninguna causa legal y orden de autoridad competente” que justificara la persecución contra Bravo, a la que calificó de “hostigamiento” y “asedio”.

En tanto, al agente Enzo Gómez se le imputa ser partícipe necesario del delito de tortura seguida de muerte. Los cuatro se encuentran en prisión preventiva desde hace un año.

Para la fiscal, quedó corroborado que “existió intención de provocarle un sufrimiento o aflicción, esto es, un grave daño a su persona ya sea por medio de las lesiones físicas proferidas, las quemaduras efectuadas, las maniobras asfixiantes, los diversos golpes que se comprobaron en diversas partes en todo el cuerpo de la víctima, y además finalmente la atemorización infringida que le trajo a sí un sufrimiento, pánico y/o dolor en toda su expresión”.

Se descuenta que las defensas apelarán el requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía de Derechos Humanos Adjunta, por lo que aún no se puede avizorar una fecha concreta para el inicio de las audiencias que tendrán como sede la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Villa Angela. Vale recordar que en la causa intervienen como querellantes particulares la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, el Comité para la Prevención de la Tortura y los familiares de Leandro.

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