Lo hizo a través de la resolución 862/2022 publicada en el Boletín Oficial, que precisó en sus considerandos que el propósito del programa es el de compensar a “un segmento de pequeños y medianos productores” que no pudo acceder a los beneficios del Programa de Incremento Exportador que en septiembre instituyó el denominado “dólar soja”, por haber comercializado su producción con anterioridad a su implementación.

La compensación había sido anunciada el último sábado por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien dijo que con ella “estamos cumpliendo el compromiso de que el fondo recaudado por el programa de fomento a las exportaciones de soja vuelva al sector agrícola para generar un aumento de nuestra producción y de las exportaciones para el año que viene, pero además para proteger y beneficiar a los sectores que no pudieron participar del programa porque son los productores más chicos y los primeros que venden”.

Previamente, Massa había adelantado a fines de septiembre que el programa consistiría en el financiamiento de los agricultores que no habían participado del Programa de Incremento Exportador, por entonces en vigencia, y hayan comercializado hasta el 85% de su tenencia de maíz o soja, con el objetivo de “incrementar la siembra en más de 300.000 hectáreas para el año que viene” que garantizarían “sostener los niveles en términos de volumen que la Argentina puede exportar en 2023”.

El programa fue fundamentado en el “interés del Estado Nacional” de “acompañar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de los pequeños y medianos productores agropecuarios”. A fin de “estimular la producción, el desarrollo y el fortalecimiento de pequeños y medianos productores y de economías regionales”, destacó la resolución.

En el artículo tercero de la norma se especifica que “el beneficio a percibir por cada productor será de hasta $ 6.500 por hectárea de soja declarada y de $ 20.000 por hectárea de maíz declarada”, con un tope para todo el programa de hasta $ 15.000 millones.

El monto de los beneficios será efectivizado durante el transcurso de diciembre, mediante transferencia bancaria a las Claves Bancarias Uniformes (CBU) declaradas, aclaró la resolución en un artículo 8.

Para acceder al programa, los productores deberán estar inscriptos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y haber declarado hasta el 30 de septiembre inclusive, para la campaña 2021/2022 una superficie destinada a cultivo de soja de hasta 400 hectáreas o una destinada a cultivo de maíz de hasta 100 hectáreas.

Transcurrido el plazo establecido, la Secretaría de Agricultura proporcionará a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el listado de productores solicitantes, y esta última brindará el listado e información correspondiente a cada uno de aquellos que cumpla con los requisitos establecidos.

Asimismo, estos productores no tuvieron que haber realizado ventas de soja entre el 5 y el 30 de septiembre de 2022 ni contar con existencias de soja al 30 de septiembre inclusive exteriorizadas en “Información Productiva I” del SISA.

Fuente: Télam.