La Justicia argentina todavía puede ganarse una ovación en estos días. No sucedió en el país, lamentablemente. Pero pasó el sábado en el Festival de Cine de Venecia. Fue durante la proyección del filme “Argentina, 1985″, del director Santiago Mitre, que retrata el histórico Juicio a las Juntas Militares.

El primer momento de emociones se produjo durante el alegato del fiscal Julio César Strassera, interpretado por un “extraordinario” Ricardo Darín (así califican su trabajo los principales críticos de cine europeos, que lo proyectan como uno de los grandes candidatos a ganar la Copa Volpi al mejor actor), y rubricado por el discurso que termina con la frase “Nunca más”.

La segunda ovación es cuando el tribunal anuncia las condenas para los jefes militares de la última dictadura militar. Y la tercera, y la más impresionante, fue cuando terminó la película y corrieron los créditos dejando estampados los nombres de los dictadores condenados. “Acá se trata de lo que necesita el país: respeto y justicia”, fue la frase elegida para la promoción que, increíblemente, coincide con el intento fallido de atentado contra Cristina Kirchner, y con la ofensiva del Gobierno para frenar de cualquier modo el juicio por corrupción que tiene un pedido de condena a 12 años de prisión contra la Vicepresidenta.

El peronismo, el sector político con más víctimas durante la dictadura, tuvo sin embargo un comportamiento penoso durante el Juicio a las Juntas. No lo acompañó políticamente temiendo agigantar la figura de Raúl Alfonsín y tampoco accedió a integrar la Conadep, la comisión de notables presidida por Ernesto Sábato que se encargó de recibir los testimonios de los casi diez mil casos de desapariciones perpetradas en aquellos años oscuros.

La batalla incomprensible contra aquel juicio la llevaron a su máximo nivel Néstor y Cristina Kirchner. En mayo de 2006, cambiaron el prólogo del libro “Nunca más” con la excusa de que abonaba la teoría de “los dos demonios”. Una falacia académica que siempre levantaron los sectores de la izquierda argentina para eludir cualquier autocrítica a la violencia guerrillera de la década del ‘70. Con ese cambio, buscaron borrar las referencias a la responsabilidad de los grupos armados, sobre todo en los años frágiles de Héctor Cámpora, Juan e Isabel Perón, cuyos gobiernos caóticos aceleraron la confrontación y la decadencia.

A cuatro días del preocupante ataque en el domicilio de la Vicepresidenta, la Justicia argentina se encuentra ante dos afrentas desafiantes. La primera es que la investigación del atentado comienza a encontrarse con dificultades inesperadas para poder avanzar en el necesario esclarecimiento del hecho.

El ataque parece repetir un clásico argentino de las últimas investigaciones ante casos que impactaron al país. Las primeras requisas señalan que no hay huellas del autor del atentado (el misterioso brasileño Fernando Andrés Sabag Montiel) en la pistola Bersa 380 semiautomática con la que le apuntó a Cristina.

El interrogante es el teléfono celular del brasileño que manejaba remises y taxis

Tampoco hallaron huellas del atacante en las cinco balas que tenía el arma, las que no se dispararon por no estar en la recámara. Que el revólver fuera arrojado al piso y después anduviera de mano en manos policiales no ayudó demasiado a mantener bajo protección las posibles señales del delito.

El otro gran interrogante es el teléfono celular del brasileño que manejaba remises y taxis. Los registros de las llamadas entrantes y salientes, tal vez el elemento más importante para descubrir eventuales conexiones políticas o internacionales del atacante, están borrados y no habría sistema tecnológico capaz de detectarlos. Hay fuentes judiciales que hablan de alguna aplicación de auto borrado de mensajes que podría haber vaciado el contenido del teléfono. Misterios de la criminalística que, en otros países, suelen resolverse en menos de 24 horas.

Para los analistas más escépticos de este tipo de investigaciones, estas ausencias remiten a dos casos de extrema resonancia argentina. Las muertes del fiscal Alberto Nisman en 2014, que se investiga como homicidio, y el crimen de Fabián Gutiérrez en julio de 2020, asesinado a golpes, cuchillazos y ahorcado en la ciudad santacruceña de El Calafate por tres jóvenes que están en proceso de juicio oral. El primero iba a a denunciar a Cristina en el Congreso por la causa del Pacto con Irán, y el segundo fue el secretario de la entonces presidenta entre 2007 y 2010.

Como parece suceder ahora con el brasileño Sabag Montiel, los teléfonos de Nisman y del infortunado Gutiérrez no pudieron ser desbloqueados para saber con quienes hablaron en sus últimas horas de vida. En este último caso, la Gendarmería adquirió un sofisticado sistema de detección de llamadas de la empresa israelí Cellebrite para lograr el objetivo. Ni así pudo ser.

La honestidad brutal del senador Mayans

Quizás por eso, varios de los operadores kirchneristas de menor relevancia salieron a cuestionar la investigación judicial y cargaron contra la jueza María Eugenia Capuchetti y, sobre todo contra el fiscal Carlos Rívolo. Ambos estuvieron el viernes en el departamento de Cristina en La Recoleta, tomándole declaración y haciéndole preguntas sobre el episodio de la noche anterior.

En el caso del “Negro” Rívolo (como lo llaman sus amigos), se trata de un funcionario con mucho predicamento en Tribunales y es nada menos que el presidente de la Asociación de Fiscales de la Argentina. En las últimas horas intentaron vincularlo a dirigentes de la oposición para tratar de invalidar su actuación y, desde los círculos secundarios del kirchnerismo, ya hablan de pedir su recusación. La semana pasada, Rívolo le había llamado la atención al presidente Alberto Fernández por opinar sobre el pedido de condena del fiscal Diego Luciani contra Cristina.

Evidentemente, a la Vicepresidenta y a los operadores del kirchnerismo no les está resultando la estrategia de culpar a la oposición, a la Justicia y a los medios de comunicación como responsables del intento de atentado. La jugarreta del “discurso del odio” no ha logrado escalar mucho más allá de la dirigencia temerosa del Frente de Todos, de los sindicalistas temerosos de perder sus privilegios de siempre, de algunos artistas temerosos de perder sus subsidios ocasionales y del activismo temeroso de perder sus espacios en las estructuras de poder del Estado.

Por eso, es que los kirchneristas más osados han optado por la sinceridad. El campeón de todos ellos sigue siendo el senador Héctor Mayans, el mismo que lanzó la candidatura presidencial de Cristina en el Senado la semana pasada. Esta vez, apeló a una formidable bisectriz política: dejó de lado las chicanas del odio y tradujo cuál es el objetivo inmediato de la Vicepresidenta.

“Al juicio de Vialidad hay que pararlo porque está viciado de nulidad, ahí se gestó el germen de la violencia extrema”, explicó el formoseño, en una entrevista radial, aclarando que todo el problema es ni más menos que la causa contra Cristina. Pero no se detuvo: “Generaron en el fiscal (por Luciani) un ídolo con pies de barro, que hizo un show porque no tenía otra cosa”, agregó.

El senador Héctor Mayans

El final del reportaje tuvo cierto tono de apoteosis. “Uno no se puede someter a una Justicia que está absolutamente parcializada. Hay que parar ese juicio, ¡hay que pararlo ya…!, gritó Mayans. “¿Queremos paz social?, empecemos a parar el juicio este que es vergonzoso”, instruyó. Si fuera fanático de Andrés Calamaro, su canción sería “Honestidad brutal”.

Lo que asoma después del impacto que generó el intento de atentado contra Cristina, es el regreso de la confrontación entre la voluntad kirchnerista de frenar políticamente el juicio por la causa Vialidad y la decisión judicial de avanzar igual con la investigación. Si la Vicepresidenta tenía un problema porque las fotos de los partidos de fútbol en Los Abrojos no alcanzaban para domesticar al fiscal Luciani o a los jueces del Tribunal Oral que deberá condenarla o absolverla, la aparición de la jueza Capuchetti y del fiscal Rívolo en la pesquisa del ataque se convierten en otra barrera que no reconoce los sistemas de desbloqueo político. Como el teléfono del brasileño, es posible que en un sector de la Justicia también haya reseteo de fábrica.

La ventaja con la que cuentan Cristina y el Gobierno es que la oposición sigue mucho más concentrada en su interna que en la situación grave que la Argentina enfrenta en término políticos, económicos y ahora institucionales. La discusión que fue de la noche del viernes a la madrugada del sábado para definir si participaban de la sesión especial que el kirchnerismo intentaba hacer en Diputados les dejó a todos (al PRO, a los radicales y la Coalición Cívica) una sensación de ruptura difícil de superar.

Pocas imágenes describen el resquebrajamiento interno de Juntos por el Cambio como la del diputado Juan Manuel López acusando a Patricia Bullrich de pertenecer “a una generación para la que la violencia es una opción”. Nacido dos meses antes del regreso de la democracia, el lilito López (38 años) demostró que a veces la juventud no es sinónimo de repentización.

Es cierto que, en los últimos días, Bullrich había navegado demasiado rápido con las velas desplegadas para tratar de sacarle rédito interno al escándalo en la puerta de la casa de Cristina. Como también es cierto que la presidenta del PRO es una de las poquísimas dirigentes de la generación del ‘70 en haber hecho autocrítica sobre la violencia armada. López podría haberlo visto en Google antes de hablarse encima con C5N.

El estado de confusión de la coalición opositora favoreció en estas horas a Mauricio Macri. En su escala de París, antes de viajar hacia Africa por sus funciones en la FIFA, escribió una carta junto a Fernando De Andreis y otros colaboradores para sentar posición sobre la ofensiva kirchnerista posterior al atentado que lo muestra convenientemente por encima del internismo salvaje.

“El hecho violento que puso en riesgo la vida de la Vicepresidenta y que mereció el repudio de todos los dirigentes, está siendo utilizado ahora por el kirchnerismo de forma partidaria para iniciar una cacería de enemigos simbólicos a los que le atribuye la instigación del ataque”, advirtió el ex presidente. Y enseguida les puso nombre a esos enemigos simbólicos: “Alentar la persecución a la Justicia y a la prensa”.

El mundo aplaude en Venecia que la Argentina, hace treinta y siete años, haya decidido poner a la Justicia por encima de los horrores que suceden cuando no funciona la ley. Cuatro décadas de democracia no alcanzan todavía para consolidar la idea. “¿Queremos paz social?, paremos el juicio contra Cristina”, simplifica el senador Mayans. Dejando bien en claro que la extorsión como herramienta política nunca se da por vencida.