Luego de nueve jornadas de alegatos en las que se expusieron importante cantidad de pruebas, finalmente este lunes después de las 17 la Fiscalía Federal dio a conocer la pena que pide para Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados por corrupción y direccionamiento en la obra pública entre 2003 y 2015, siempre en favor de Lázaro Báez.

Fue el fiscal general Diego Luciani quien se encargó de darle el cierre a los alegatos y pidió como pena para la ex presidente 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública que concurren de manera real. 

En la última etapa de la jornada, Luciani expuso durante más de 40 minutos antes de dar a conocer el pedido de pena, en donde concluyó los alegatos manifestando que se realizaron "actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsable políticos del país que arrasaron con todos los principios de contratación pública y provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del estado".

Además, expresó que "en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política y se optó por eludirla y así se dejó de hablar. Hasta tomaron determinaciones inexplicables como por ejemplo que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante en la causa de corrupción o que la UIF solicitara la absolución de los máximos responsables de la maniobra omitiendo absolutamente la valoración de toda la prueba que tenía a su alcance ".

También manifestó que "la imputada Cristina Fernández desafió a este Tribunal al aseverar ‘a mí me absolvió la historia y a mí me va a absolver la historia', cuando bien sabe que en un sistema republicano es el Poder Judicial que absuelve o condena luego de un proceso penal respetuoso de todos los derechos y garantías".

"Los gobernantes deben rendir cuentas de sus acciones", apuntó y admitió que "este camino no fue nada fácil para el doctor Mola ni tampoco para mí".

Así las cosas, lanzó: "Señores jueces, la gran corrupción, esta que describimos a lo largo de este extenso alegato, privó al estado de recursos de una manera inequitativa. Fueron los sectores más pobres, más vulnerables los que se vieron perjudicados en mayor medida como consecuencia de estas prácticas nocivas. Por eso el dinero que solicitamos el decomiso tiene que volver a estos sectores".

Cabe destacar que antes solicitaron el decomiso de 5.231 millones de pesos, monto que para la Fiscalía alcanzó el fraude cometido al erario público.

"Los países pobres necesitan tenemos como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes y para eso sus gobernantes deben tener la obligación de controlar la corrupción", añadió el funcionario judicial.

A su vez, Luciani afirmó que "vimos y comprobamos como el estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados, describimos un sinnúmero de arbitrariedades y abuso de poder, todo ello en pos de beneficiar ilegalmente y de manera millonaria al grupo empresarial de Lázaro Báez con quien los presidentes tenían innumerables negocios comerciales ".

Fuente: Diario Chaco