En coincidencia con la concentración que realizó hoy el Polo Obrero (PO) frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py, para protestar contra la denuncia que pesa sobre dirigentes de esa agrupación piquetera por presunta extorsión, el fiscal federal Federico Delgado recibió una nueva presentación contra Eduardo Belliboni, el líder del movimiento, por “posible conducta extorsiva” sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que realizan sus tareas en Unidades de Gestión (UG), como cooperativas, y a los que les descontarían el 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Juan Zabaleta.

Delgado ya investiga hechos similares denunciados el 23 de junio pasado por su par Guillermo Marijuan. Dos días antes, el 21, el abogado Juan Pablo Chiesa interpuso ante la Cámara del Crimen una denuncia por extorsión contra Belliboni y que hizo extensiva al legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano. Esa causa recayó en el juzgado de la jueza federal María Romilda Servini, quien, según pudo saber Infobae, se unificará, por conexidad, con la que tramita en la fiscalía de Delgado.

Los dirigentes del Polo Obrero pidieron desde tribunales que la CGT y la CTA llame a un paro general (Polo Obrero)

Si bien la presentación judicial hecha por el presidente de la agrupación política Aptitud Renovadora fue realizada 48 horas antes, la magistrada decidió girarla hoy a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 6 a la espera de la ratificación y aporte de pruebas que el abogado asegura tener contra los dirigentes piqueteros. Serían testimonios que dice haber tomado durante las marchas que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires entre el 13 y el 16 de junio.

En caso de ser así, esos datos servirán como indicios pero no como pruebas, ya que las supuestas víctimas deberían dar fe ante el fiscal.

De hecho, en el ministerio de Desarrollo Social hay registro de que “unos 7.000 inscriptos al Potenciar Trabajo manifestaron situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aportes, amenazas de bajas y obligación de ir a marchas o movilizaciones”, como ya informó este medio.

De ese total, unas 900 personas “manifestaron recibir algún tipo de amenazas”; más de 3.000 expresaron la exigencia de un bono o cuota en función de aporte a la organización”; otros 1.400 señalaron “presión para asistir a marchas o movilizaciones” y alrededor de 1.700 titulares del programa Potenciar Trabajo describieron “maltratos por parte del referente o de la organización al solicitar el cambio de la Unidad de Gestión”.

“La conducta extorsiva de Eduardo Silvio Belliboni comenzó el mismo momento que reconoció el pasado 15 de junio, que se quedan con un 2% de los $19.000 que reciben quienes forman parte del programa. Con los reajustes, en agosto, la recaudación superará los 340 millones de pesos anuales”, reza el texto de la denuncia de Chiesa.

Ante la jueza, el abogado se preguntó: “¿Qué facultades tiene este sujeto para sacarle el 2% de los planes o beneficios sociales que otorga el Estado Nacional a un sector de la sociedad en situación de pobreza e indigencia?¿Con que autoridad le quieta un porcentaje de sus beneficios?”.

“No tiene comprensión jurídica ni social que les pida plata a los beneficiarios de planes sociales y encima, los utiliza para cometer delito de obstrucción de la vía pública, cortar calles, siendo el mismo, que comete el delito de extorsionar a personas en situación de vulnerabilidad, ignorancia y desemejanza”, agregó el denunciante.

Según el abogado denunciante, Juan Pablo Chiesa, “Belliboni se aprovecha de una clase baja o empobrecida para sus propios intereses" (Maximiliano Luna)

Y completó: “Esta extorsión presumo que es constante y lleva mucho tiempo que el denunciado -Belliboni- se aprovecha de una clase baja o empobrecida para sus propios intereses, llevando obligadamente a ejercer un derecho ilegitimo que es la protesta y el corte de calles”.

La delegación del Polo Obrero que se manifestó frente al edificio ubicado en la Avenida Comodoro Py 2002 estuvo encabezada por Belliboni y Solano, los dos mencionados en los escritos, y representantes de comisiones internas de fábricas, delegados de sindicatos y representantes de organismos de Derechos Humanos. También dirigentes de izquierda como Romina Del Plá y Miriam Bergman, entre otros.

Después de más de tres hora de realizar presencia y protestar contra los fiscales Marijuan y Delgado, se retiraron del lugar con la promesa de volver de manera masiva si la causa avanza contra la dirigencia piquetera ya que, según expresaron, no hay ninguna prueba en su contra y está “todo armado”.

“Nos interiorizamos por parte de las abogadas, no hay ninguna consistencia en las dos denuncias”, le dijo Belliboni a Infobae. Y recordó: “Además de presentarnos y manifestarnos ante los tribunales denunciamos la persecución política, no solo a nosotros, sino al conjunto de las organizaciones que nos manifestamos en la calle que venimos reclamando respuestas contra el hambre que impone el ajuste gubernamental”.

—¿Fueron a apretar a los fiscales que los investigan?, le preguntó este medio a Belliboni.

—Nosotros no fuimos a Tribunales para defendernos ni atacar a nadie. Fuimos a denunciar al régimen político que ha llevado a la población argentina al 50% de pobreza. Este es un ataque que va desde Cristina Kirchner, hasta Patricia Bullrich y Javier Milei, porque somos los que luchamos contra el ajuste que es el verdadero motivo de este ataque. Se cerró la grieta para atacarnos y difamarnos.

El legislador y dirigente del Partido Obrero – Frente de Izquierda, por su parte, expresó: “Vinimos a acusar a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha largado una campaña brutal contra los movimientos sociales. Lo hace con el propósito de apoyarse en el peronismo, especialmente el PJ bonaerense y otorgarle a ellos la administración de los planes sociales. Hipócritamente habla de las mujeres para apoyarse en los ‘barones’ del conurbano”.

Eduardo Belliboni y Gabriel Solano frente a los tribunales de Comodoro Py

Los dirigentes piqueteros volvieron a solicitarle a la CGT y a la CTA que llamen a un paro general contra “el ajuste del gobierno acordado con el FMI y contra la inflación que sigue sumergiendo a la gente en la pobreza y la desesperación”.

El fiscal Marijuan denunció a los dirigentes del Partido Obrero. “El único basamento del fiscal para justificar dicho pedido son notas periodísticas”, declaró Belliboni. Y argumentó: “En la elevación la fiscalía pide que se investigue el delito de ‘obligar’ a personas a hacer un aporte mensual. Algo que no existe ni ocurre en la realidad”.

En su escrito, Marijuan, al igual que antes lo hizo Chiesa, denunció a Solano y Belliboni por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio Potenciar Trabajo a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

El dato surge por las expresiones públicas realizadas por Solano al salir a desmentir una versión que indicaba que el PO se quedaba con 500 pesos de cada una de las 60.000 personas beneficiadas con el Potenciar Trabajo bajo la órbita de la organización social.

El fiscal Federico Delgado instruye las denuncias contra los dirigentes piqueteros

Lo hizo con estas palabras: “En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380″.

En su relato, Marijuan razona que el diputado porteño “admitió que un porcentaje de la asistencia se destinaría a la organización”.

El fiscal Delgado ya solicitó medidas de pruebas para intentar acreditar si existió o no una conducta extorsiva por parte de los dirigentes piqueteros. Esta no son las primeras denuncias que se presentan en ese sentido, pero, hasta ahora, ninguna avanzó, entre otras cuestiones, porque las presuntas víctimas no declaran los hechos ante el temor de quedarse sin el programa social, ya que la mayoría de las Unidades de Gestión (UG) en las que realizan sus tareas dependen de algún movimiento social ya sean afín o enfrentadas al gobierno de Alberto Fernández.

El ministro Zabaleta ya anunció que los más de 128.000 beneficiarios que solicitaron cambiar de lugar de trabajo pasarán a depender de las UG de intendencias y gobernaciones, un hecho que ya genera tención entre las organizaciones que forman parte del Frente de Todos, como el Movimiento Evita.

Fuente: Infobae